Detenciones durante la marcha y panorama general
18 Carpetas de investigación activas tras movilización de la llamada Generación Z en la Ciudad de México, que dejó un saldo de 19 personas detenidas, entre ellas 18 adultos y un adolescente, quienes fueron remitidos al Ministerio Público por delitos que van desde tentativa de homicidio, lesiones, robo, hasta resistencia a particulares.
De acuerdo con la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde, la intervención fue resultado de hechos violentos registrados durante la protesta, mismos que derivaron en la identificación y aseguramiento de varios participantes.
En paralelo, 41 personas más fueron enviadas al juez cívico por faltas administrativas; sin embargo, todas las denuncias fueron sobreseídas, lo que dejó sin efecto cualquier sanción. El menor detenido fue canalizado al Sistema de Justicia para Menores, siguiendo los protocolos establecidos.
Delitos señalados y denuncias ciudadanas
Alcalde detalló que tres de los adultos detenidos enfrentan acusaciones por tentativa de homicidio, cinco por resistencia, dos por lesión y robo, además de ocho imputados por lesiones. La funcionaria también confirmó que se recibieron cuatro denuncias de ciudadanos agredidos durante la manifestación, incluyendo dos de periodistas. Aunque no hay detenidos por esos actos, se estableció que dichas investigaciones tendrán prioridad.
La autoridad sostuvo que los casos se revisarán con rigor y que ninguna acusación será minimizada, especialmente aquellas relacionadas con ataques a comunicadores, quienes cuentan con protecciones adicionales por su labor informativa.
Apertura de 18 carpetas de investigación por abuso policiaco
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que la dependencia inició 18 carpetas de investigación internas para revisar la actuación de los elementos durante la dispersión de los manifestantes.
Siete de estos expedientes están vinculados con agresiones a periodistas, por lo que los policías señalados fueron suspendidos temporalmente, en tanto avanzan las indagatorias que permitirán determinar responsabilidades y posibles sanciones.
El funcionario señaló que la revisión será exhaustiva y que bajo ninguna circunstancia se tolerará el abuso de autoridad. Aseguró que la dependencia colaborará plenamente con la FGJCDMX y con las víctimas para esclarecer los hechos.
Brugada: “La ciudad responderá con justicia, no con represión”
Desde el Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue enfática al afirmar que su administración no dio ni dará ninguna orden de represión ante movilizaciones sociales.
No obstante, resaltó que no permitirá actos de violencia, vandalismo o agresiones en las calles de la capital:
“Quienes cometan delitos en las manifestaciones tendrán que enfrentar a la justicia. La ciudad va a responder con justicia, no con represión”, declaró.
Brugada aclaró que no existe evidencia de personas desaparecidas, hospitalizadas o detenidas arbitrariamente, por lo que rechazó versiones difundidas en redes sociales durante la movilización.
Una movilización politizada, según el gobierno capitalino
La mandataria capitalina también señaló que, según la información disponible, el movimiento habría sido impulsado por sectores de la oposición, incluyendo —afirmó— “un multimillonario molesto porque tiene que pagar impuestos” y que habría llamado a la confrontación.
De acuerdo con Brugada, el propósito era crear una narrativa falsa de que existe un movimiento masivo de jóvenes en contra de la Cuarta Transformación y que el gobierno había respondido con represión. La jefa de Gobierno calificó esta versión como “absolutamente alejada de la realidad”.
Justicia, monitoreo y transparencia
Las autoridades capitalinas reiteraron su compromiso con la transparencia en las investigaciones y subrayaron que se actuará con todo el rigor de la ley ante cualquier delito cometido durante las manifestaciones. Al mismo tiempo, insistieron en que se revisará minuciosamente la actuación policial para garantizar que no haya abusos y que se proteja el derecho ciudadano a la protesta.
En una ciudad donde las movilizaciones son parte fundamental de la vida pública, el gobierno busca mantener un equilibrio entre el respeto a la libre expresión y la contención de la violencia, priorizando siempre la investigación y el acceso a la justicia.
La Ciudad de México atraviesa un momento de alta visibilidad respecto al manejo de protestas y el actuar policiaco. Las detenciones, las denuncias y la apertura de carpetas de investigación muestran un escenario complejo donde la autoridad asegura estar del lado de la legalidad, mientras sectores de la sociedad exigen garantías de no represión.
El compromiso anunciado por la jefa de Gobierno y la SSC apunta hacia una política basada en justicia, transparencia y rendición de cuentas, aunque el avance de las investigaciones determinará si las instituciones logran sostener esa promesa en la práctica.
