La justicia en Oaxaca está nuevamente bajo escrutinio tras la liberación de Lizbeth Victoria Huerta, ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, quien había sido señalada como autora intelectual de la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu Cruz en marzo de 2021.
La decisión, tomada por un juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJ), ha generado una ola de críticas de familiares, activistas y exfuncionarios, quienes acusan a las autoridades de privilegiar intereses políticos sobre los derechos humanos y la justicia.
¿Qué ocurrió con Claudia Uruchurtu?
En marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz participaba en una protesta pública en Asunción Nochixtlán cuando desapareció de manera forzada. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Oaxaca, donde las desapariciones forzadas han dejado una profunda huella en las comunidades.
El rol de Lizbeth Victoria Huerta
La exalcaldesa de Morena fue señalada como autora intelectual de la desaparición, lo que llevó a su detención y prisión preventiva durante cuatro años. Sin embargo, su reciente liberación ha causado indignación, no solo por el cambio en su sentencia, sino por lo que representa para los casos de impunidad en el país.
La decisión judicial: Modificación de la sentencia
El caso dio un giro drástico cuando la magistrada Margarita Leonor Gopar Pérez y su equipo decidieron modificar el delito por el que Huerta era acusada.
De desaparición forzada a obstrucción de la justicia:
La sentencia inicial se redujo de cuatro años a tres años y dos meses, argumentando una redefinición del delito.
Esto permitió la liberación inmediata de la exalcaldesa, a pesar de las graves acusaciones en su contra.
Reacciones de las víctimas y la sociedad civil
La familia de Claudia Uruchurtu, en particular sus hermanas Elizabeth y Sara, calificó la decisión como un acto de injusticia y una muestra del poder de las influencias políticas en Oaxaca.
Acusaciones contra la magistrada
Las hermanas de Claudia señalaron los vínculos de Margarita Leonor Gopar Pérez con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y su paso previo por la Consejería Jurídica estatal.
También señalaron conflictos de interés en el equipo judicial que tomó la decisión.
Declaraciones de Alejandro Encinas
El ex Subsecretario de Derechos Humanos, ahora titular de la Secretaría de Planeación en la CDMX, expresó su indignación:
“Este caso es emblemático de la desaparición forzada y representa un golpe a los derechos humanos, otorgando impunidad por vínculos políticos.”
El impacto político y social del caso
La liberación de Lizbeth Victoria Huerta no solo pone en tela de juicio el sistema judicial de Oaxaca, sino que también evidencia problemas estructurales en la lucha contra las desapariciones forzadas en México.
Implicaciones políticas:
La cercanía de actores clave con el partido gobernante Morena ha generado sospechas sobre posibles influencias políticas en el fallo judicial.
La decisión podría sentar un precedente peligroso para futuros casos de desaparición forzada y violaciones a derechos humanos.
Crisis de confianza en el sistema judicial
- Organizaciones civiles y familiares de víctimas han señalado que el caso refleja una opacidad institucional y una falta de compromiso con los estándares internacionales de derechos humanos.
El camino internacional: La lucha de la familia Uruchurtu
Ante la falta de justicia en México, las hermanas de Claudia Uruchurtu anunciaron que llevarán su caso a instancias internacionales.
Justicia pendiente en Oaxaca
La liberación de Lizbeth Victoria Huerta marca un capítulo oscuro en el caso de Claudia Uruchurtu, simbolizando la persistente lucha entre la impunidad y los derechos humanos en México.
Mientras el sistema judicial enfrenta cuestionamientos, las víctimas y sus familias siguen buscando respuestas. Este caso no solo demanda justicia, sino también una revisión profunda del papel de la política en los procesos judiciales del país.
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