México, con toda su riqueza cultural, tiene una deuda pendiente: garantizar justicia, igualdad y derechos a los pueblos indígenas y afromexicanos. Desde la violenta invasión española y la posterior colonización, estas comunidades han enfrentado siglos de discriminación, pobreza y exclusión.
A pesar de los avances logrados con movimientos revolucionarios y reformas legales, la desigualdad persiste. Es el momento de cambiar esa narrativa y construir un marco legal que reconozca plenamente su autonomía, derechos colectivos y desarrollo económico.
Un paso hacia la igualdad: construcción de la Ley General
El jueves pasado, en el emblemático Complejo Cultural Los Pinos, inició un proceso histórico: la construcción de la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Este esfuerzo responde a la reciente Reforma Constitucional al artículo 2º, que establece un plazo de 180 días para la promulgación de esta ley.
El proceso es liderado por un Comité Técnico conformado por representantes indígenas, afromexicanos, legisladores y funcionarios públicos. Su objetivo es diseñar un marco jurídico que respete las tradiciones, cultura y derechos de estas comunidades, asegurando que su voz sea la base del articulado.
Consulta y consenso: la base del proceso legislativo
Lo más destacado de este esfuerzo es el enfoque participativo y comunitario. El proyecto se someterá a consulta en todas las regiones indígenas y afromexicanas del país, garantizando su consentimiento y alineándose con sus costumbres.
Este método respeta las formas tradicionales de toma de decisiones basadas en el consenso. Cada propuesta es discutida, pulida y adaptada para reflejar la visión de los pueblos sobre su futuro.
La visión de los pueblos: protagonistas de su destino
La construcción de esta ley no es un ejercicio burocrático. Es un acto de autodeterminación. Las comunidades indígenas y afromexicanas no esperan pasivamente una propuesta legislativa; lideran el proceso, ancladas en su memoria histórica y en su capacidad para proponer soluciones alineadas con su cultura y la naturaleza.
“Este proceso es esperanzador”, señalan los participantes, quienes aportan desde sus contextos y compromisos con sus territorios y tradiciones.
Un nuevo pacto social
La presidenta de la República ha dado seguimiento cercano al proceso, entendiendo que esta ley no solo es un requisito legislativo, sino un nuevo pacto social entre el Estado mexicano y sus pueblos originarios. Este marco legal permitirá restablecer relaciones basadas en el respeto, la inclusión y la justicia.
El desafío de la implementación
Para que la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos sea efectiva, las instituciones deben garantizar condiciones que permitan su correcta aplicación. Desde la asignación de presupuesto hasta la capacitación de autoridades, cada paso será crucial para transformar este proyecto en realidad.
Un camino hacia la autodeterminación
El proceso para construir esta ley es más que un ejercicio legislativo: es un símbolo de justicia histórica. Las comunidades indígenas y afromexicanas de México no solo exigen derechos; demuestran su capacidad para liderar su propio destino, configurando un proyecto en armonía con su entorno, cultura e identidad.
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