La muerte de 40 migrantes en el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023, sigue dejando una profunda herida en la sociedad mexicana. Sin embargo, la búsqueda de justicia parece estar cada vez más lejos, con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, en el centro de la polémica.
Más de 100 organizaciones civiles han firmado una carta en la que denuncian “irregularidades” en la investigación del caso y acusan a Garduño de intentar “eludir su responsabilidad penal”. En el documento, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, se exige la destitución del comisionado, argumentando que su permanencia en el cargo envía un mensaje de impunidad.
Un historial de abusos y negligencia
Las organizaciones civiles señalan que, bajo la dirección de Garduño, el INM ha registrado un aumento significativo en las privaciones de la libertad de migrantes, pasando de 177 en 2020 a 1,136 en 2022. Además, denuncian actos de corrupción y abusos por parte del personal del instituto.
El incendio de Ciudad Juárez es solo el último de una serie de tragedias que han marcado la gestión de Garduño. En los últimos años, se han registrado al menos 14 incendios en instalaciones migratorias, lo que evidencia una grave falta de seguridad y protección para las personas migrantes.
La lucha por la justicia
Las organizaciones civiles exigen que se garantice la justicia, la verdad y la reparación integral del daño a las víctimas del incendio de Ciudad Juárez. Además, demandan una reforma al INM para que deje de ser una institución militarizada y se enfoque en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
La lucha por la justicia en este caso es una lucha por la dignidad humana. Es una lucha contra la impunidad, la corrupción y la negligencia. Es una lucha por un México más justo y humano.
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