El relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, Marcos A. Orellana, urgió a los tres niveles de gobierno en México a declarar una emergencia ambiental en la Península de Yucatán, ante los efectos contaminantes derivados de granjas porcícolas que operan sin regulación suficiente.
Tras una visita oficial de 12 días al país, el especialista señaló que en Yucatán se ha registrado un incremento acelerado de estas instalaciones, muchas de ellas sin permisos ambientales, lo que ha derivado en la generación de grandes volúmenes de desechos contaminantes que impactan directamente los suelos y los mantos acuíferos, particularmente en la zona del Anillo de Cenotes.
El funcionario advirtió que la instalación de estas granjas se ha realizado, en diversos casos, sin procesos de consulta a comunidades mayas, lo que ha provocado afectaciones tanto ambientales como sociales. En ese sentido, subrayó que la contaminación pone en riesgo el acceso a agua limpia y condiciones adecuadas de salud para la población.
Expuestos a la contaminación
Orellana enmarcó esta situación dentro de un problema más amplio en México, donde existen regiones consideradas “zonas de sacrificio”, en las que las comunidades viven expuestas de manera constante a contaminantes.
De acuerdo con registros oficiales, hay más de mil sitios contaminados en el país, aunque se estima que la cifra podría ser mayor.
Asimismo, alertó sobre el uso de plaguicidas peligrosos en la región, los cuales han contribuido a la degradación ambiental, afectando fuentes de agua y ecosistemas, además de provocar la muerte masiva de abejas. Indicó que, pese a algunas prohibiciones recientes, aún no existe una legislación integral que regule estos productos.
El relator de la ONU también cuestionó el uso de residuos industriales como combustible en procesos de coprocesamiento, al considerar que esta práctica implica riesgos para la salud pública. Añadió que existen otros casos relevantes de contaminación en el país, como ríos afectados por descargas tóxicas y zonas industriales con escasa supervisión.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para implementar acciones urgentes y coordinadas que atiendan esta problemática, incluyendo la declaratoria de emergencia ambiental en Yucatán, así como el fortalecimiento del marco normativo y de las políticas públicas orientadas a la protección del medio ambiente y la salud de la población.
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