El debate en torno a la reforma judicial en México se ha convertido en un campo de batalla político y jurídico. En el centro de esta disputa están los juzgadores que, inconformes con los cambios constitucionales, han recurrido a maniobras legales para detener un proceso que busca transformar la elección de quienes integran el Poder Judicial.
Sin embargo, la controversia no solo radica en los cambios legales, sino en la forma en que algunos jueces han actuado como juez y parte, poniendo en jaque la legitimidad de la reforma y generando un choque de poderes sin precedentes.
El origen del conflicto: una reforma que incomoda
La reforma judicial aprobada en 2024 introdujo un cambio radical: la elección popular de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Este movimiento busca democratizar el acceso al sistema judicial, pero ha generado resistencia entre los jueces y magistrados, quienes argumentan que se está violando su derecho a la inamovilidad y otras prestaciones laborales.
En lugar de participar en el proceso democrático que la Constitución les garantiza, algunos han optado por:
- Ampararse contra la reforma constitucional, una acción improcedente al tratarse de normas de rango supremo.
- Movilizarse como grupo de presión, incluso con acciones como paros laborales y protestas en el Senado.
Maniobras legales: ¿justicia o estrategia para frenar el cambio?
Una de las tácticas más cuestionadas es la impugnación de las leyes secundarias que regulan la elección de los juzgadores. Estas leyes no afectan directamente sus derechos laborales, sino que establecen las reglas para los futuros procesos electorales.
La estrategia legal de los inconformes, conocida coloquialmente como una «chicana», busca atacar el cambio de forma indirecta:
- Alegan violaciones a sus derechos humanos y laborales.
- Impugnan leyes secundarias para intentar frenar la implementación de la reforma.
Sin embargo, estas acciones chocan con el artículo 105 constitucional, que establece que las leyes electorales solo pueden ser cuestionadas mediante una Acción de Inconstitucionalidad, recurso que no está disponible para los jueces.
El rol del Comité de Evaluación: ¿víctima de interferencia?
El Comité de Evaluación, creado para supervisar la selección de candidatos a los cargos judiciales, se ha convertido en otro punto de tensión. Recientemente, un juez de distrito en Michoacán ordenó suspender los actos del Comité, argumentando que afectaban a los jueces inconformes.
Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que esta suspensión es inválida, ya que:
- Los actos del Comité solo aplican a quienes participan en el proceso electoral.
- Los jueces que no optaron por participar en el proceso no pueden argumentar afectaciones.
- El amparo es improcedente en materia electoral, ya que existe un marco legal específico para estas disputas.
Supremacía constitucional y el principio de especialidad
El principio de supremacía constitucional establece que todas las autoridades deben respetar y acatar la Constitución, incluidas las reformas aprobadas. Además, en materia electoral, el TEPJF es la autoridad máxima, lo que significa que las decisiones tomadas en este ámbito no pueden ser alteradas por jueces de amparo que carecen de competencia en esta área.
Esto pone de manifiesto una anomalía preocupante: algunos jueces están actuando como juez y parte, emitiendo resoluciones que buscan proteger sus propios intereses, en lugar de garantizar el cumplimiento de la ley.
¿Qué sigue para la reforma judicial?
La resolución del TEPJF, que revocó las órdenes de suspensión dictadas por un juez de distrito, es un paso clave para garantizar que el proceso electoral extraordinario de 2024-2025 se lleve a cabo conforme a lo previsto.
Sin embargo, el conflicto no ha terminado. Los siguientes desafíos incluyen:
- Garantizar que los jueces respeten la separación de poderes y eviten usar el sistema legal para frenar la reforma.
- Mantener la confianza en las instituciones electorales y judiciales, que se han visto cuestionadas por estas disputas.
- Asegurar que el proceso de elección de los nuevos juzgadores sea transparente, legítimo y apegado a la Constitución.
Conclusión: ¿una reforma para el pueblo o un choque de poderes?
La reforma judicial es un intento ambicioso de transformar el sistema de justicia en México, haciéndolo más democrático y accesible. Sin embargo, la resistencia de algunos sectores del Poder Judicial pone de relieve las tensiones inherentes a cualquier cambio profundo.
¿Es esta una lucha por la justicia, o una estrategia para proteger privilegios? Lo cierto es que el éxito de la reforma dependerá de la capacidad de las instituciones para mantenerse firmes ante las presiones y garantizar que la ley prevalezca.
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