Desde el Congreso de Quintana Roo se ha presentado una iniciativa de reforma con la que se busca fortalecer las medidas de protección a niñas, niños y adolescentes cerrando las puertas a quienes han sido condenados por delitos por índole sexual.
La propuesta impulsada por el diputado Hugo Alday contempla reformas al Código Penal, a la Ley de Seguridad Ciudadana y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal para impedir que los agresores sexuales puedan acceder a cargos en ámbitos educativos o de contacto directo y habitual con menores de edad.
“El daño que causan estos delitos deja huellas permanentes en la vida de las víctimas, afecta su salud emocional, física y social. No podemos permitir que alguien con ese historial vuelva a tener acceso a una niña o un niño”, explicó el diputado.
El proyecto incluye la creación de un Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes, que formará parte de la Plataforma de Información en materia de Seguridad Ciudadana.
Dicho registro será consultado únicamente por autoridades de seguridad, justicia y protección social, evitando la vulneración de derechos como la reinserción social y la presunción de inocencia.
“No se trata de castigar en exceso ni de estigmatizar, sino de una medida preventiva. Nuestra responsabilidad es garantizar entornos seguros en escuelas, centros culturales, deportivos y sociales, donde la infancia pueda desarrollarse libre de violencia”, mencionó.
También prevé sanciones de inhabilitación de entre seis meses y hasta 25 años, dependiendo del delito, así como la obligación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de integrar y actualizar el registro y verificar anualmente que ninguna persona inhabilitada se encuentre laborando en instituciones con presencia de menores.
El diputado agregó que la propuesta surge de un ejercicio de Parlamento Abierto, en el que participaron organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Fiscalía General, la Barra de Abogados, la COPARMEX y colectivos ciudadanos.
“Escuchar a expertos y a la sociedad civil fue clave para construir una iniciativa sólida, ética y viable. No es solo una obligación legal, es un compromiso moral con nuestras infancias”, expresó.
Al referirse a los modelos internacionales en países como España, Chile y Canadá, Alday recordó que México tiene compromisos firmados en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará.
“No basta con castigar; es imperativo prevenir. La niñez de Quintana Roo merece crecer sin miedo y nuestra obligación es garantizarlo”, expresó.
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