En la conferencia mañanera del lunes 27 de enero, Octavio Romero reveló que, en lugar de buscar soluciones para los derechohabientes con problemas de pagos, el Infonavit se convirtió en un actor pasivo en un proceso que solo favoreció a una red de abogados, despachos y, lo que es más grave, a algunos trabajadores del Poder Judicial estatal. Los juicios masivos realizados en contra de los derechohabientes fueron tramitados de manera ilegal y poco ética. Esta red de corrupción operaba bajo la premisa de iniciar demandas contra los acreditados sin notificación previa, afectando a miles de personas que ni siquiera tenían problemas para pagar sus créditos.
Romero destacó que más de 249,000 personas perdieron sus propiedades a causa de esta operación fraudulenta, mientras que 207,000 viviendas fueron abandonadas y 42,000 fueron vendidas en subastas, generando un pago total de 29,000 millones de pesos por parte del Infonavit. A pesar de la magnitud de esta operación, el Comité de Auditoría y los consejeros dentro del mismo Infonavit no tomaron ninguna medida correctiva, permitiendo que estos actos de corrupción continúen.
La actuación de los despachos de abogados involucrados
La red de corrupción también involucró a varios despachos de abogados que llevaron a cabo juicios masivos contra derechohabientes. Uno de los ejemplos más representativos es el grupo Acser, cuyos abogados continuaron con los juicios a pesar de las instrucciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador de detener estos procedimientos. Los despachos simularon juicios individuales para seguir con la estrategia de juicios masivos, afectando especialmente a 63,044 derechohabientes en la Ciudad de México.
Además, entre los despachos involucrados en esta red se encuentra DESNOR S.A. de C.V., cuyo representante legal, actualmente comisionado de vigilancia del Infonavit por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), fue señalado por Romero como uno de los principales responsables de las irregularidades. Este despacho fue acusado de gestionar juicios sin la debida notificación a los afectados, y su representante legal incluso es miembro fundador de una constructora que tiene proyectos aprobados por el Consejo de Administración del Infonavit.
La respuesta del gobierno y el resarcimiento del daño
Ante estas revelaciones, Octavio Romero destacó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se debe trabajar para resarcir el daño causado a los derechohabientes afectados por esta red de corrupción. Esto incluirá un proceso judicial para continuar con las denuncias penales contra aquellos que resulten responsables, ya sea dentro del Infonavit o en los despachos involucrados.
La prioridad, según Romero, será devolver a los derechohabientes lo que les corresponde y asegurar que este tipo de irregularidades no vuelva a ocurrir. Para ello, se implementarán cambios en la legislación y se reforzarán los mecanismos de control dentro del Infonavit, buscando evitar que otros grupos de interés continúen aprovechándose de los más vulnerables.
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