Cada año, el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) publica cifras sobre muchos temas. Uno de ellos es cómo va la justicia para adolescentes. En su nuevo reporte, publicado este lunes 14 de julio, el organismoanaliza cuántos jóvenes están involucrados en delitos, cuántos son llevados a juicio o a centros de internamiento, y cómo viven ese proceso.
En este informe, destaca que Quintana Roo y Yucatán son dos de los estados con menos adolescentes en conflicto con la ley. Esto significa que pocos jóvenes fueron acusados, detenidos o internados en 2023 por cometer algún delito.
¿Qué es estar “en conflicto con la ley”?
Estar en conflicto con la ley no significa necesariamente estar en la cárcel. Se refiere a cualquier situación en la que una persona menor de edad (de 12 a 17 años) haya sido acusada de cometer un delito. Puede que solo haya sido detenida y luego liberada, o que se haya iniciado un proceso legal. En los casos más graves, puede ser internada en un centro especializado para adolescentes.
Quintana Roo y Yucatán: lejos de los focos rojos
En 2023, los estados con más adolescentes acusados de delitos fueron Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua. Entre todos ellos sumaron más del 50% de los casos del país. En cambio, Quintana Roo y Yucatán no aparecen en esa lista, lo que indica que su participación en las cifras nacionales es baja.
También, cuando el INEGI revisó cuántos jóvenes fueron enviados a centros de internamiento, los estados con las tasas más altas fueron Aguascalientes, Nayarit y Sonora, mientras que Yucatán y Quintana Roo quedaron fuera de este ranking, lo cual es una señal positiva.
Menos adolescentes en los centros de internamiento
A nivel nacional, 1,508 adolescentes ingresaron a centros de internamiento en 2023. Eso representa una caída del 44.7% respecto a 2017. En Quintana Roo y Yucatán, los ingresos fueron muy bajos. Además, los centros de internamiento de estos dos estados no están saturados. En comparación, Zacatecas, Puebla y Morelos reportaron las tasas más altas de ocupación en estos lugares.
¿Qué pasa cuando un adolescente es detenido?
Cuando un joven es acusado de cometer un delito, puede ser llevado ante un juez. El proceso puede incluir medidas como libertad vigilada, trabajo comunitario o, en casos graves, internamiento. Sin embargo, la ley dice que el internamiento debe ser la última opción y solo en casos donde no haya otra forma de proteger a la sociedad.
En este sentido, tanto Yucatán como Quintana Roo parecen cumplir con esa regla, ya que la mayoría de sus adolescentes en proceso judicial no están privados de la libertad.
Problemas familiares, drogas y salud mental: el contexto
El informe también analiza qué está pasando en la vida de estos adolescentes. En general, muchos de los jóvenes que entran en conflicto con la ley han vivido situaciones difíciles, como violencia familiar, consumo de sustancias o pensamientos suicidas.
En 2022, a nivel nacional, el 79 % de los adolescentes detenidos dijo que sufría maltrato en casa, y más del 80 % había consumido alcohol, cigarro o marihuana. También se reportó que una de cada seis personas adolescentes había pensado en quitarse la vida, y de ellas, la mitad lo intentó.
Aunque el INEGI no da el dato desglosado por estado en este punto, el hecho de que Quintana Roo y Yucatán tengan bajos niveles de delitos podría indicar un contexto social un poco más favorable para los adolescentes. Aun así, estos temas deben atenderse con urgencia.
Derechos que deben respetarse
El reporte también pregunta a los adolescentes si durante su proceso legal se respetaron sus derechos. Por ejemplo:
• ¿Tuvieron un abogado desde el principio?
• ¿Pudieron hablar con sus padres?
• ¿Se sintieron escuchados por el juez?
• ¿Recibieron atención médica o psicológica?
• ¿Accedieron a la escuela o actividades culturales dentro del centro?
En 2022, el 84.5 % de los adolescentes a nivel nacional dijo que sí tuvo asesoría legal antes de llegar ante un juez. El 97.3 % recibió atención médica cuando la pidió. Además, la mayoría pudo estudiar, aprender un oficio y participar en actividades recreativas como ver televisión, dibujar o practicar algún deporte.
Estos datos son importantes porque muestran que hay esfuerzos por respetar los derechos de los adolescentes, aunque todavía hay desigualdades según el estado o el género.
¿Qué pueden hacer los gobiernos estatales?
Que haya pocas personas adolescentes en conflicto con la ley no significa que se deba bajar la guardia. Al contrario, esto puede ser una oportunidad para fortalecer las políticas de prevención, como:
• Programas de salud mental en las escuelas.
• Apoyo a familias con problemas de violencia.
• Espacios deportivos, culturales y de recreación.
• Educación sobre derechos, sexualidad y autocuidado.
Tanto Yucatán como Quintana Roo tienen la posibilidad de convertirse en modelos de justicia juvenil más humana y preventiva. Invertir en los jóvenes no solo evita delitos, también mejora la vida en comunidad.
La importancia de hablar de este tema
Muchas veces se piensa que la justicia solo aplica para los adultos. Pero los adolescentes también tienen derechos y responsabilidades. Por eso es importante que las y los jóvenes conozcan cómo funciona la justicia penal para adolescentes, qué hacer si enfrentan un problema legal y a quién acudir.
Hablar de estos temas también ayuda a romper estigmas. No todos los adolescentes que cometen un error deben ser vistos como delincuentes. Algunos necesitan ayuda, orientación o apoyo emocional. El sistema de justicia debe estar para eso también.
Aunque los datos del INEGI muestran que Quintana Roo y Yucatán tienen cifras bajas de adolescentes involucrados en delitos, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, esto no significa que no existan problemas de fondo, como el maltrato familiar o el consumo de drogas.
Lo más importante es que estos datos sirvan para tomar decisiones: fortalecer la prevención, cuidar a quienes más lo necesitan y garantizar que la justicia para adolescentes sea realmente justa, humana y con futuro.
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