En una medida drástica, la SHCP interviene CIBanco e Intercam tras acusaciones de EE.UU. de lavado de dinero para cárteles. Conoce el impacto de esta decisión en el sistema financiero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha ejecutado una intervención sin precedentes en CIBanco e Intercam, tomando el control de su masivo negocio de fideicomisos. La medida es una respuesta directa a las graves acusaciones de Estados Unidos sobre lavado de dinero para el narcotráfico.
El sistema financiero mexicano se encuentra en medio de una operación de alto impacto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció una intervención gerencial en CIBanco e Intercam Banco, dos importantes instituciones financieras, para separar y tomar el control de sus unidades de negocio fiduciario.
Esta drástica decisión implica que la administración de miles de fideicomisos, que representan una parte sustancial del mercado, será transferida temporalmente a la banca de desarrollo del Estado, específicamente a Nacional Financiera (NaFin). La medida se produce en el epicentro de una crisis de confianza detonada por acusaciones del gobierno de Estados Unidos.
La Sombra de las Acusaciones de EE.UU.
La intervención no es una decisión aislada. Es la consecuencia directa de las acusaciones lanzadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló a CIBanco, Intercam y a la casa de bolsa Vector de estar presuntamente involucrados en esquemas de lavado de dinero para cárteles mexicanos, vinculados específicamente al tráfico de fentanilo.
La magnitud del problema es enorme. Solo CIBanco administra cerca del 26% del total de los fideicomisos en México, lo que convierte esta intervención en un evento de alto impacto sistémico. Ante el riesgo de una corrida bancaria o una pérdida generalizada de confianza que pudiera contagiar a otras instituciones, el gobierno mexicano optó por una acción quirúrgica y contundente.
Una Maniobra para Evitar el Colapso
El objetivo declarado de la SHCP es doble. Por un lado, busca garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos y proteger los intereses de los clientes y usuarios, evitando que el escándalo paralice miles de millones de pesos en activos. Por otro lado, la medida intenta aislar el «área infectada» del resto de las operaciones bancarias de ambas instituciones, en un intento por contener el daño y enviar una señal de control y firmeza tanto al mercado como a las autoridades estadounidenses.
«Se ha iniciado un proceso para escindir, es decir, separar legal y operativamente el negocio fiduciario de ambos bancos». – Comunicado Oficial de la SHCP.
Todo el proceso se llevará a cabo bajo la estricta supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades financieras. El gobierno se encuentra en una posición delicada: debe actuar con la suficiente fuerza para demostrar que se toma en serio las acusaciones de lavado de dinero, pero con la suficiente cautela para no provocar un pánico financiero.
El futuro de estos fideicomisos, una vez estabilizada la situación, es incierto. El gobierno ha mencionado que diseñará un esquema para su eventual traspaso a entidades privadas. La gran pregunta que queda en el aire es si esta intervención será suficiente para restaurar la confianza en un sector sacudido por acusaciones tan graves.
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