El origen del escándalo
Funcionarios involucrados en la duplicidad salarial comenzaron a aparecer en los reportes internos como pequeñas inconsistencias que, al principio, parecían errores administrativos comunes.
Sin embargo, los hallazgos crecieron con tal velocidad que los auditores detectaron un patrón: cientos de trabajadores del sector educativo recibían pagos adicionales desde alcaldías y sistemas municipales, creando una red silenciosa en la que funcionarios aprovechaban vacíos de supervisión para sostener dos o hasta tres empleos sin cumplir con los requisitos legales.
Conforme avanzaron las revisiones, la historia dejó de ser un rumor y se convirtió en una revelación incómoda para los municipios implicados, que durante años ignoraron la obligación de solicitar dictámenes de compatibilidad laboral.
La revisión que destapó la red salarial
Funcionarios estatales encabezados por el contralor Álvaro Bardales descubrieron que cerca de 700 trabajadores mantenían esta práctica de manera continua. Las investigaciones demostraron que no se trataba de casos aislados, sino de una dinámica repetida y, en muchos casos, completamente normalizada.
Bardales afirmó que el pago de múltiples sueldos sin cumplir con la normatividad era un acto ilegal, pero también un engaño deliberado. La revisión reveló situaciones en las que funcionarios cobraban como asambleístas, titulares del DIF o personal municipal, mientras seguían percibiendo su salario educativo, sin haber solicitado nunca la carta de compatibilidad que exige la ley. El monto alcanzó los 500 millones de pesos anuales, una cifra que dejó claro el alcance de la irregularidad.
Historias detrás de los números
funcionarios entrevistados durante las verificaciones ofrecieron explicaciones diversas. Algunos aseguraron que la duplicidad se justificaba porque podían ajustar horarios entre sus responsabilidades educativas y municipales, pero la realidad era distinta. Los registros de cabildo demostraron que rara vez se realizaban adecuaciones para permitir el desempeño de ambas plazas.
Los demás regidores rechazaron modificar sesiones para beneficiar a quienes tenían doble función, lo que evidenció que muchos funcionarios simplemente no podían cumplir con ambos empleos. Otros argumentaron que las sesiones se realizaban por la mañana, pero la Contraloría comprobó que solo ocurrió en una ocasión, dejando claro que la narrativa presentada por varios funcionarios no coincidía con los hechos.
Los casos más graves
funcionarios de alto nivel también formaron parte del hallazgo. Tres titulares del DIF municipal y dos asambleístas cobraban salarios superiores al del gobernador, superando los 66 mil pesos mensuales solo por su labor en los municipios, además de su ingreso educativo. Aunque Bardales señaló que no se tipificaba como fraude, sí era un acto totalmente ilegal que vulneraba la administración pública.
Estos casos evidenciaron cómo funcionarios aprovecharon sus posiciones para obtener beneficios indebidos, mientras que miles de trabajadores regulares debían cumplir estrictamente con sus horarios y responsabilidades. La Contraloría subrayó que no existía justificación válida para seguir sosteniendo estos privilegios salariales.
El impacto en los recursos públicos
funcionarios responsables de la supervisión educativa reconocieron que los 500 millones desviados cada año pudieron haberse destinado a fortalecer infraestructura escolar, aumentar plantillas docentes o invertir en programas de apoyo estudiantil. En cambio, los recursos terminaron en una red de duplicidad que operó durante años sin que los municipios dieran aviso o solicitaran la documentación requerida.
Los pagos indebidos generaron presión financiera en el sector educativo, que debió ajustar presupuestos mientras varios funcionarios recibían salarios que no les correspondían. Bardales insistió en que se trata de un daño real al servicio público y que la prioridad es frenar la fuga de recursos.
La respuesta de las alcaldías
funcionarios municipales reaccionaron con incomodidad cuando la Contraloría notificó formalmente las irregularidades. Algunos justificaron la duplicidad alegando desconocimiento del procedimiento legal, aunque la ley exige explícitamente la carta de compatibilidad. Otros afirmaron que la práctica se mantuvo porque nunca se les había solicitado corregirla.
Bardales rechazó estas explicaciones y afirmó que no existe argumento válido para mantener un sistema que favorece a funcionarios sobre el resto de los trabajadores públicos. Aseguró que las revisiones continuarán y que los municipios que persistan en esta práctica serán sujetos a sanciones.
El futuro de la investigación
funcionarios de la Contraloría continuarán auditando cada una de las plazas involucradas. La meta es determinar responsabilidades administrativas y evitar que la red vuelva a reproducirse. El organismo adelantó que exigirá a los municipios implementar controles más estrictos, asegurar el uso correcto del presupuesto y realizar verificaciones periódicas para impedir que funcionarios vuelvan a recibir pagos indebidos.
Bardales reiteró que la investigación no busca castigar de manera indiscriminada, sino corregir un sistema que se volvió permisivo y que permitió que trabajadores con influencia política acumularan ingresos que no podían justificar legalmente.
Un llamado a la transparencia
funcionarios estatales y municipales enfrentan ahora la responsabilidad de reconstruir la confianza pública. La investigación dejó claro que el acceso a plazas y cargos no debe convertirse en una oportunidad para recibir ingresos duplicados, sino en un compromiso con la ciudadanía.
La narrativa que se construyó durante años permitió que funcionarios normalizaran prácticas irregulares, pero el hallazgo y la revisión actual obligan a repensar la gestión del servicio público. Para Bardales, el objetivo es claro: garantizar que los recursos del estado lleguen a quienes realmente cumplen con su trabajo y evitar que los privilegios sigan imponiéndose sobre la ley.
