En una ciudad donde cada metro cuadrado tiene valor de oro, el fraude inmobiliario se ha convertido en una sombra peligrosa. En los últimos meses, el Gobierno de la Ciudad de México ha detectado una nueva modalidad de corrupción: particulares que falsifican documentos legales para apropiarse de inmuebles, utilizando sentencias apócrifas y escrituras alteradas.
La consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas Fuentes reveló que fueron identificadas 22 sentencias falsas de prescripción positiva, tres órdenes de embargo y seis escrituras fraudulentas. El objetivo: robar propiedades legítimas y registrarlas como propias ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Fraudes que burlan el sistema
Durante su comparecencia ante el Congreso capitalino, Cruzvillegas explicó que la detección de estos fraudes fue posible gracias a la colaboración con el Tribunal Superior de Justicia y otras instituciones.
Se enviaron 190 oficios a jueces para verificar solicitudes sospechosas y, con ello, se descubrió el intento de fraude inmobiliario más grave de los últimos años.
Además, se presentaron denuncias contra dos notarios públicos —uno con cinco carpetas de investigación abiertas— y se detuvo a dos personas que presentaron documentos falsos.
Este tipo de fraudes se aprovechan del desconocimiento legal de muchos propietarios, que al dejar sus casas sin uso o no actualizar documentos de propiedad, las vuelven blanco de falsificadores.
Control notarial y lucha anticorrupción
El Gobierno capitalino ha reforzado las medidas de control y vigilancia sobre la función notarial.
De acuerdo con la Consejería Jurídica, se realizaron 207 visitas de inspección a notarías, integrando 148 expedientes de sanción, de los cuales 38 ya concluyeron y 110 continúan en trámite.
Además, se investiga a un jefe de unidad de la dependencia por su presunta participación en estos actos irregulares.
“El mensaje es claro: tolerancia cero a la corrupción y a los conflictos de interés”, subrayó Cruzvillegas, quien aseguró que la política de transparencia continuará fortaleciéndose.
Expropiaciones: la verdad detrás de la polémica
La funcionaria también desmintió las versiones difundidas por legisladores del PAN que acusan al Gobierno de expropiar propiedades privadas.
Según Cruzvillegas, los decretos de expropiación corresponden a inmuebles originalmente públicos o donados que fueron usurpados ilegalmente.
Hasta ahora se han emitido 38 decretos expropiatorios: 27 a favor del Instituto de Vivienda (INVI) y 11 para la Comisión para la Reconstrucción, con el fin de destinarlos a vivienda social, casas de cuidados y Utopías.
La meta para los próximos años es recuperar al menos 400 inmuebles con daño estructural para transformarlos en hogares seguros.
Recuperar lo que pertenece a la ciudad
La batalla contra el fraude inmobiliario en la CDMX no solo es legal, también es moral.
Recuperar una casa robada con papeles falsos significa devolver la confianza en las instituciones y proteger el derecho de los ciudadanos a un patrimonio legítimo.
El mensaje del gobierno es firme: ninguna propiedad será arrebatada impunemente.
La lucha apenas comienza, pero cada inmueble recuperado es una victoria contra la impunidad.
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