La gobernadora Mara Lezama presentó ante el Congreso de Quintana Roo una iniciativa para crear la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado, un instrumento jurídico moderno que responde al crecimiento de este delito y al nuevo marco normativo recién aprobado por la Federación.
De acuerdo con la mandataria, la seguridad es un derecho y un deber público que no se puede delegar, por lo que reconoció el trabajo de la actual administración federal para sumarse a la lucha de uno de los delitos que amenaza constantemente el patrimonio de los quintanarroenses y de los mexicanos.
“La seguridad ciudadana es un derecho humano fundamental y una responsabilidad indelegable del Estado, porque de ella dependen la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas”, dijo.
Mara Lezama explicó que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más dañinos para la vida cotidiana en Quintana Roo, especialmente en municipios como Benito Juárez y Othón P. Blanco.
Recordó que, de acuerdo con la ENVIPE 2021, casi una cuarta parte de la población considera a la extorsión como una de las conductas que más vulneran su tranquilidad, junto con el robo, el fraude y el secuestro.
“La delincuencia se mantiene como uno de los problemas de mayor impacto en la calidad de vida de las y los quintanarroenses. La ciudadanía identifica a la extorsión como una de las conductas que más vulnera su seguridad y su paz social”, comentó.
Además, recordó que la falta de criterios uniformes entre estados dificultaba las investigaciones y permitía que las redes criminales se movieran con facilidad. Por ello, tras la aprobación de la nueva Ley General en Materia de Extorsión a nivel nacional, es indispensable armonizar el marco estatal en un plazo de 180 días.
Crearán el Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión
Uno de los pilares de la propuesta es el establecimiento del Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, una instancia que funcionará como el primer punto de contacto para quienes reciban amenazas o intentos de extorsión.
Este Centro no solo registrará y dará seguimiento puntual a cada denuncia, sino que también orientará a las personas sobre cómo actuar y canalizará la información directamente a la Fiscalía Especializada.
La gobernadora destacó que esta nueva institución fortalecerá la confianza ciudadana, brindando la atención inmediata ante cualquier amenaza relacionada con el delito y con ello, dar con los responsables.
“Necesitamos canales de denuncia accesibles y seguros, que acompañen a la gente desde el primer momento y que permitan actuar con rapidez ante cualquier intento de extorsión”, aseguró.
La iniciativa también propone una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión. Esta unidad contará con personal capacitado, protocolos homologados y herramientas tecnológicas que permitan investigar estructuras delictivas complejas y colaborar con otras entidades federativas y con la Federación.
“Con estas modificaciones se actualiza el Código Penal estatal, se eliminan duplicidades y se ajustan las sanciones para alinearlas al estándar nacional”, detalló la mandataria.
Intervenciones y control más estricto en los centros penitenciarios
Mara Lezama reconoció que muchas extorsiones se originan desde el interior de los penales. Por ello, la iniciativa incluye reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana para que los centros penitenciarios instalen tecnología que bloquee por completo las señales de telefonía, radiocomunicación y transmisión de datos.
Esta medida irá acompañada de auditorías constantes y responsabilidades administrativas para asegurar que se mantenga un control real y permanente, evitando que este delito siga reproduciéndose desde los centros de reclusión.
La iniciativa busca que Quintana Roo cuente con un sistema moderno y coordinado que se articule con la estrategia federal. Por ello, la gobernadora señaló que este esfuerzo no es solo un mandato legal, sino una necesidad urgente para proteger a las familias.
“Con estas acciones, el Estado se suma de manera inmediata al esfuerzo nacional para atender la problemática de la extorsión. Se garantiza que la ciudadanía cuente con mecanismos más sólidos de protección y que las autoridades actúen bajo lineamientos claros y uniformes”, compartió.
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