La Fiscalía General del Estado informó la detención de José Gabriel, de 21 años, señalado por su probable participación en un caso de extorsión contra el dueño de un establecimiento de comida ubicado en la supermanzana 74 de Cancún.
De acuerdo con el fiscal Raciel López Salazar, elementos de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión luego de reunir indicios suficientes sobre el esquema de cobro de piso que operaba el imputado junto con otras tres personas.
Las autoridades detallaron que el grupo acudió inicialmente al local de la víctima para exigir pagos mensuales de 20 mil pesos, los cuales debían entregarse en efectivo cada viernes. Con el tiempo, José Gabriel regresó al negocio para ordenar que los pagos se realizaran por transferencia bancaria, entregando a los empleados dos números de cuenta y un radio de comunicación para mantenerse en contacto constante con los extorsionadores.
La investigación reveló que las cuentas bancarias proporcionadas pertenecían al propio José Gabriel, quien además acudía personalmente a recoger parte del dinero. En total, el monto obtenido por la extorsión ascendió a 328 mil pesos, acumulados desde enero hasta el pasado 30 de noviembre.
Tras su captura, el joven fue presentado ante un juez de control, quien determinó vincularlo a proceso y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.
Detención por extorsión, un grave delito por ley
Esta detención coincide con la reciente aprobación de la Ley Estatal contra la Extorsión, avalada por el Congreso de Quintana Roo. Se trata de un nuevo marco jurídico diseñado para cerrar espacios a grupos y personas que operan bajo amenazas, cobranzas ilegales o presiones telefónicas. La legislación reconoce que la extorsión dejó de ser un delito aislado y hoy impacta directamente en la vida económica y social del estado.
La nueva ley plantea un esquema mucho más sólido para la investigación y persecución del delito. Entre sus medidas principales se encuentra el bloqueo de llamadas desde centros penitenciarios, una de las prácticas más utilizadas por grupos delictivos para intimidar a víctimas. También contempla la modernización de los sistemas de inteligencia y la creación de canales de denuncia más accesibles, pensando en quienes enfrentan miedo o represalias.
El documento legislativo subraya que la armonización legal permitirá una colaboración más estrecha entre municipios, corporaciones policiacas, fiscalías e instancias federales. Al establecer criterios comunes, la investigación podrá fluir sin obstáculos administrativos y con metas compartidas para desarticular redes de extorsión, identificar patrones y proteger a las víctimas en todas las regiones del estado.
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