El gobierno federal ha decretado la expropiación de 327,898 metros cuadrados de terrenos en el sureste de México para la consolidación del Tren Maya, el megaproyecto ferroviario cuya última fase fue inaugurada el 15 de diciembre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2025, abarca 56 predios de propiedad privada distribuidos en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Los terrenos expropiados, según el decreto, serán destinados a la construcción de infraestructura ferroviaria en los siete tramos que integran el Tren Maya. Municipios como Palenque, Tenosique, Escárcega, Valladolid y Solidaridad figuran entre las localidades afectadas por la medida, la cual fue justificada bajo el argumento de utilidad pública y desarrollo regional.
En el documento oficial se destaca que el proyecto tiene el objetivo de mejorar la conectividad y fortalecer la economía del sureste, una de las regiones con mayor rezago en el país. Se enfatiza, además, que la construcción del Tren Maya busca ordenar el crecimiento urbano y frenar actividades ilegales como la tala clandestina y el tráfico de especies.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) será la encargada de llevar a cabo la ocupación inmediata de los predios y gestionar las indemnizaciones correspondientes para los propietarios legítimos. De acuerdo con el decreto, los afectados tienen derecho a impugnar únicamente el monto de la compensación, pero no la decisión de expropiación.
Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., la entidad encargada de la ejecución del proyecto, deberá coordinarse con las autoridades para completar los trámites legales y asegurar que las propiedades se integren a la infraestructura ferroviaria. En caso de que los terrenos no sean utilizados para el fin estipulado en un plazo de cinco años, los propietarios podrán solicitar su reversión.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado que el Tren Maya es una pieza clave para la transformación del sureste y ha sostenido que el proyecto traerá beneficios económicos y sociales a las comunidades cercanas.
Este nuevo decreto se suma a las múltiples expropiaciones realizadas durante el desarrollo del Tren Maya, un proyecto que ha enfrentado diversos desafíos legales, sociales y ambientales desde su concepción. Con la infraestructura ferroviaria en plena expansión, el gobierno busca consolidar lo que considera un eje estratégico para la movilidad, el turismo y el desarrollo económico de la región.
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