El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se expropian más de 616 hectáreas del ejido Dzoyaxché, ubicado en el municipio de Mérida, Yucatán, con el objetivo de ampliar la Reserva Ecológica Cuxtal, una de las zonas ambientales más importantes del sur de la ciudad.
De acuerdo con el documento oficial, la superficie expropiada es de 616.98 hectáreas de terrenos de temporal de uso común, las cuales pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Mérida para destinarlas exclusivamente a la conservación permanente y preservación ambiental.
La medida fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene como finalidad reforzar la protección de los ecosistemas que conforman la Reserva Cuxtal, una zona de alta importancia para el equilibrio ambiental y el abastecimiento de agua potable en la capital yucateca.
El decreto señala que esta zona alberga una gran diversidad de flora y fauna que se ha recuperado de manera natural tras el abandono de antiguos campos henequeneros, algunos con más de 50 años sin actividad productiva, lo que ha permitido la regeneración del ecosistema.
Se protegen mantos acuíferos
Uno de los puntos centrales del documento es la protección de los mantos acuíferos, ya que en esta área se localizan las reservas de agua de las que se extrae casi el 50 por ciento del suministro que abastece al sur de Mérida, por lo que su conservación es considerada de interés público.
Como parte del proceso de expropiación, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) determinó que el monto total de la indemnización a pagar al ejido Dzoyaxché será de 78 millones 774 mil pesos, con base en el valor comercial de la tierra.
El pago de esta indemnización estará a cargo del Ayuntamiento de Mérida, a través del Organismo Público Municipal Descentralizado encargado de la operación y administración de la Reserva Cuxtal, el cual también asumirá los gastos relacionados con el avalúo y los trámites legales.
El procedimiento de expropiación inició formalmente en 2023 y, según el decreto, los integrantes del comisariado ejidal fueron notificados en distintas etapas del proceso durante 2024 y 2025, sin que presentaran objeciones o inconformidades dentro de los plazos legales establecidos.
El documento también establece que, si en un plazo de cinco años la superficie expropiada no se destina al fin ambiental señalado, o se utiliza para un propósito distinto, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá solicitar la reversión total o parcial de los terrenos.
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