La tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia, donde la explosión de una pipa de gas cobró la vida de 31 personas y dejó decenas de heridos, sigue marcando a la Ciudad de México.
En medio del dolor y la incertidumbre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lanzó una advertencia: abogados particulares han intentado acercarse a los familiares de las víctimas para ofrecer asesoría legal a cambio de un porcentaje de las indemnizaciones.
Brugada enfatizó que ninguna familia está sola. Desde el Gobierno capitalino se ha desplegado un equipo jurídico gratuito, con un servidor público asignado a cada caso, quien mantiene contacto directo con reuniones tres veces por semana.
“Nuestro compromiso es acompañar a cada familia hasta lograr justicia. Cualquier intento de abuso debe ser denunciado”, recalcó la mandataria.
Investigación en curso y justicia para las víctimas
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX presentará avances de la investigación la próxima semana, con el objetivo de fortalecer un esquema de reparación integral del daño.
El estado de salud de los afectados
Hasta ahora, 40 personas han sido dadas de alta, mientras que 13 continúan hospitalizadas, algunas en estado delicado por quemaduras graves. Brugada reconoció y agradeció el esfuerzo del personal médico de los diferentes subsistemas de salud que han trabajado sin descanso.
La grieta en La Concordia, otro riesgo para la población
Además de la tragedia humana, la zona enfrenta un nuevo desafío: una grieta provocada por hundimientos diferenciales y acumulación de agua tras las lluvias.
La Secretaría de Obras y la de Gestión Integral del Agua ya trabajan para reparar los daños y evitar riesgos mayores en la zona limítrofe con el Estado de México.
Gobierno garantiza apoyo y prevención
La mandataria subrayó que el Gobierno capitalino mantendrá acciones de acompañamiento, prevención y seguridad para proteger a la población y recuperar las zonas afectadas.
La narrativa de esta tragedia continúa, pero también lo hace la respuesta institucional que busca evitar que el dolor sea aprovechado por terceros y asegurar que la justicia llegue a cada familia.
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