La Universidad Veracruzana (UV) atraviesa una crisis de confianza. Integrantes de la Red UV por la Legalidad, entre ellos los ex rectores Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara, así como el investigador Miguel Casillas, exigieron la salida inmediata de los integrantes de la Junta de Gobierno por presuntas irregularidades y decisiones consideradas ilegales.

El conflicto se desató tras la aprobación de una prórroga de mandato al rector Martín Aguilar Sánchez, sin que mediara una convocatoria abierta y transparente, lo que ha desatado inconformidad dentro de la comunidad universitaria.

La prórroga al rector, el detonante de la crisis

De acuerdo con los ex rectores, la decisión de extender el periodo de Aguilar Sánchez viola de manera directa las facultades de la Junta de Gobierno, cuyo deber principal es emitir la convocatoria para elegir rector cada cuatro años.

La doctora Sara Ladrón de Guevara señaló que al omitir este proceso y aprobar una prórroga “fraudulenta”, los integrantes del organismo incurrieron en el incumplimiento de un deber legal, lo que justificaría su destitución.

“Lo más importante que hace la Junta de Gobierno ocurre cada cuatro años. Si los miembros incumplen con esa responsabilidad, deben ser destituidos porque no cumplieron con un deber legal”, sentenció.

Pérdida de credibilidad y responsabilidad política

Por su parte, Raúl Arias Lovillo atribuyó a la Junta de Gobierno la inestabilidad y el descontento que se vive al interior de la UV.

“Se requiere cambiar a los miembros de la Junta de Gobierno porque actuaron en la ilegalidad y han cometido un grave error: la pérdida de credibilidad institucional”, afirmó.

El investigador Miguel Casillas añadió que durante los cuatro años de gestión de Aguilar Sánchez, al menos cinco integrantes de la Junta de Gobierno renunciaron y fueron sustituidos por perfiles cercanos al rector, lo que, dijo, consolidó un entramado de control con fines de mantener el poder en la universidad.

Una cadena de irregularidades en la UV

La polémica no se limita al caso del rector. La Junta de Gobierno también otorgó recientemente una prórroga a la secretaria de Administración y Finanzas, Lizbeth Margarita Viveros Cancino, replicando el mismo procedimiento cuestionado.

Para los integrantes de la Red UV, estas acciones constituyen una cadena de violaciones legales que generan incertidumbre entre estudiantes, académicos y trabajadores universitarios.

“Se trata de un esquema que se tejió desde hace meses, donde se fueron modificando a los integrantes de la Junta para facilitar decisiones que mantienen el control político y administrativo de la institución”, recalcó Casillas.

El papel del Consejo Universitario

Los especialistas recordaron que la destitución de la Junta de Gobierno solo puede ser determinada por el Consejo Universitario, el máximo órgano de autoridad en la UV.

Este consejo puede ser convocado por el propio rector o por el 50% más uno de sus integrantes, lo que abre un camino complejo pero posible para iniciar un proceso de renovación interna.

Preocupación por el futuro institucional

Los tres entrevistados coincidieron en que este precedente podría dar pie a que otros directivos universitarios busquen prórrogas ilegales en sus cargos, debilitando aún más la legitimidad de la UV.

Aclararon, además, que la Red UV por la Legalidad no es enemiga de la universidad ni del rector Aguilar Sánchez a título personal, sino que su objetivo es proteger la legalidad, la estabilidad y la credibilidad de la máxima casa de estudios de Veracruz.

La Universidad Veracruzana enfrenta un momento clave. La denuncia de irregularidades en la Junta de Gobierno no solo cuestiona la permanencia del rector Aguilar Sánchez, sino también la integridad del modelo de gobernanza universitaria.

Mientras la comunidad académica espera una respuesta del Consejo Universitario, el caso evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de transparencia y legalidad para evitar que la institución se convierta en rehén de decisiones opacas que comprometan su prestigio.