La empresa Loma de Irapuato, propiedad del ex diputado federal del PAN, Sergio Fernando Ascencio Barba, ha sido señalada por organizaciones ambientalistas de utilizar juicios de amparo como estrategia para frenar la acción de la justicia en contra de los daños ocasionados por el desarrollo inmobiliario La Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, Guanajuato.

De acuerdo con Gustavo Lozano Guerrero, representante de la agrupación Acción Colectiva Socioambiental, esta práctica constituye un abuso del Poder Judicial con el objetivo de evadir la rendición de cuentas por delitos ambientales.

Operativo de la FGR y aseguramiento del predio

El 30 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato llevó a cabo un operativo en el predio conocido como La Rosita. El resultado fue el aseguramiento de siete hectáreas correspondientes al fraccionamiento La Cucursola, al considerar que se habían cometido delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

La medida representaba un avance en la aplicación de la justicia ambiental en la región, sin embargo, poco después la empresa interpuso tres juicios de amparo:

• Amparo 1315/2025-I en el juzgado primero de distrito.
• Amparo 1115/2025 en el mismo tribunal.
• Expediente 1149/2025 en el juzgado segundo de distrito.

Según Lozano Guerrero, estos recursos buscan entorpecer y retrasar el trabajo de la FGR, debilitando la protección del medio ambiente y afectando a la sociedad guanajuatense.

Antecedentes de impunidad ambiental

El activista recordó que esta no es la primera ocasión en que la empresa Loma de Irapuato recurre al amparo para evitar sanciones. En 2020, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcialmente las obras de La Cucursola por irregularidades en su desarrollo. Sin embargo, la empresa promovió el amparo 145/2020, el cual fue concedido.

Aunque la sentencia permitía a la Profepa realizar nuevas inspecciones y volver a imponer medidas de seguridad, esas acciones nunca se llevaron a cabo. Con ello, el fraccionamiento continuó con el desarrollo y la venta de terrenos sin contar con autorizaciones válidas, lo que generó un precedente de impunidad ambiental.

Para el representante de Acción Colectiva Socioambiental, la situación actual refleja un patrón repetido: el uso instrumental de los recursos legales para legitimar prácticas ilegales y prolongar un proyecto que afecta gravemente al patrimonio natural de Guanajuato.

Críticas al uso del amparo como escudo

El juicio de amparo es una figura constitucional diseñada para proteger los derechos humanos, pero en este caso —según denuncian organizaciones ecologistas— se ha convertido en una herramienta para obstaculizar la aplicación de la ley ambiental.

“La historia parece repetirse: la empresa pretende escudarse nuevamente en el amparo para eludir el escrutinio penal, desacreditando así el sentido real de este instrumento constitucional”, expresó Gustavo Lozano.

La acusación subraya que este tipo de prácticas representa un uso abusivo y dilatorio que erosiona la confianza en la justicia y genera riesgos adicionales para los ecosistemas.

El llamado a jueces y autoridades

Frente a este panorama, los activistas hicieron un llamado a las y los jueces de distrito para que actúen con independencia, rigor técnico y perspectiva ambiental. Reclamaron la necesidad de reconocer el derecho humano a un medio ambiente sano, evitando que el Poder Judicial se convierta en un refugio para empresas acusadas de destruir el entorno.

Además, señalaron que el caso de La Cucursola se ha convertido en uno de los mayores atropellos ambientales de Guanajuato, pues impacta directamente en la Sierra de Santa Rosa, una región de gran importancia ecológica y cultural.

El conflicto en torno al fraccionamiento La Cucursola revela las tensiones entre desarrollo inmobiliario y protección ambiental en México. La empresa Loma de Irapuato, vinculada al ex diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, ha recurrido nuevamente a los juicios de amparo para frenar el trabajo de la Fiscalía General de la República, replicando una estrategia ya utilizada en el pasado.

Organizaciones ecologistas advierten que este patrón no solo afecta la aplicación de la ley, sino que también erosiona la confianza en las instituciones judiciales. Por ello, el llamado es claro: que las autoridades actúen con firmeza para garantizar que el derecho a un medio ambiente sano prevalezca sobre los intereses particulares.