Desde el Congreso de Quintana Roo se impulsa una propuesta para modificar la Constitución local, con el objetivo de reconocer como derecho de los productores del campo y pescadores el acceso a apoyos a través de programas sociales, buscando así impulsar el desarrollo rural del estado.
La diputada promotora de la iniciativa, Diana Gutiérrez del Partido del Trabajo, detalló que actualmente los trabajadores del campo y la pesca tienen como derecho el acceso a asesoramiento legal sobre la explotación laboral y el uso adecuado de las tierras. Sin embargo, ninguno de ellos se beneficia de programas sociales que garanticen su bienestar económico.
“Con esta iniciativa, lo que queremos es garantizar que el Estado destine anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos para la progresividad y el bienestar en estos sectores productivos del estado”, explicó la diputada.
En este sentido, la iniciativa reconoce el derecho de los trabajadores del campo, pescadores y personas en situación de pobreza al acceso a los apoyos que el gobierno estatal considere necesarios para mejorar su economía.
Para ello, se propone garantizar un jornal seguro, justo y permanente para los campesinos que cultivan sus tierras, sembrando árboles frutales, maderables, entre otros, así como la entrega anual de fertilizantes.
En cuanto a los pescadores, la iniciativa establece la creación de programas anuales de apoyos directos, adaptados a las necesidades específicas de este sector. En ambos casos, se mantendrán los precios de garantía para la compraventa de productos como azúcar, maíz, frijol, leche, arroz y trigo.
“Al elevar a rango constitucional los derechos de desarrollo rural, la agricultura y la pesca a pequeña escala, se logrará reducir los derechos sociales en los diferentes sectores, aumentar la producción de alimentos de manera sostenible y mejorar la seguridad alimentaria”, comentó.
Darán prioridad a mujeres del campo
Como parte de las modificaciones a la Constitución planteadas con esta iniciativa, se establece que las mujeres trabajadoras del campo y las personas en condiciones de pobreza que se desempeñen en alguno de estos sectores productivos, serán beneficiarios prioritarios en los programas diseñados a nivel estatal.
“Es una acción afirmativa en nuestra forma de hacer las políticas públicas de la cuarta transformación. Esta acción afirma busca compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos.
“Nuestras mujeres han tenido una participación muy importante en el desarrollo rural, pero los apoyos sociales sólo estaban destinados al beneficio de los hombres del campo, esa cultura hegemónica debe modificarse”.
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