El organismo empresarial cuestionó la legitimidad popular del ejercicio para elegir a jueces, magistrados y ministros
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Mérida, cuestionó la legitimidad de la elección judicial llevada a cabo el pasado domingo 1 de junio y advirtió que esta no debe repetirse al considerar que “la baja participación fue el sello distintivo” de la jornada electoral.
A través de un comunicado, el organismo presidido por Emilio Blanco del Villar, quien también es presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, señaló que durante el tiempo en el que estuvieron abiertas las urnas, nueve de cada 19 mexicanos decidieron no acudir a emitir su voto, lo cual pone en duda la legitimidad popular de los resultados.
Según la estimación del Instituto Nacional Electoral (INE), la participación ciudadana en la elección judicial osciló entre el 12.57% y el 13.32% de las personas inscritas en la lista nominal.
“Es cuestionable afirmar que el pueblo eligió a los integrantes del Poder Judicial, cuando el 87% de los ciudadanos con derecho a votar optaron por no hacerlo”, advirtió el comunicado de Blanco del Villar.
“Lo ocurrido evidencia la falta de legitimidad y confianza en este modelo de elección”, agregó el comunicado.
Ante este escenario, la Coparmex Mérida exhortó a las autoridades electorales, a los legisladores y a quienes gobiernan, a reconocer que el modelo de elección judicial “no debe repetirse”, pues desde el principio fue carente de legitimidad, garantías y transparencia, marcado además por irregularidades que no fueron superadas.
La Coparmex Mérida enfatizó que la justicia “no puede ni debe convertirse en una contienda de popularidad”, sobre todo “cuando la sociedad decide mayoritariamente no participar”.
“La legitimidad judicial no se construye en las urnas, sino a través de la preparación, la imparcialidad, la ética y la independencia. La propaganda no sustituye al mérito”, abundó el posicionamiento.
Finalmente, la Coparmex Mérida se comprometió a colaborar activamente en la construcción de una propuesta de reforma judicial seria, técnica, plural y de amplio consenso, “que garantice un sistema de justicia a la altura de los desafíos que enfrenta México”, y en el que prevalezca el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de Derecho.
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