El 1 de junio se celebrará la histórica elección judicial en México, un mandato que ya ha pasado por todo el proceso legislativo necesario: aprobación con mayoría calificada, ratificación de más de 17 congresos locales y promulgación por parte del Ejecutivo Federal. Sin embargo, las tensiones sobre su implementación crecen, especialmente por la resistencia de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿Obstáculos o desacato? El papel del Comité de Evaluación
El Comité de Evaluación del Poder Judicial, pieza clave para organizar la elección de los nuevos juzgadores, ha enfrentado constantes bloqueos. Aunque el Tribunal Electoral ordenó la reanudación inmediata de sus actividades, el Comité ahora busca la opinión de la Suprema Corte, dilatando aún más el proceso.
Esta situación ha desatado críticas sobre si estas acciones podrían interpretarse como una violación de la Constitución, que establece con claridad el cumplimiento del mandato electoral.
Ministros en la mira: ¿Quiénes frenan el proceso?
Los ministros Norma Piña, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y otros seis de la SCJN han mostrado resistencia ante la reforma judicial. Aunque tienen derecho a expresar sus opiniones sobre la misma, las acciones para frenar el avance del proceso han despertado una ola de cuestionamientos.
Especialistas advierten que esta dilación no solo podría afectar la elección de las personas juzgadoras, sino que también amenaza con dinamitar la confianza pública en el Poder Judicial.
Impacto de la reforma judicial en México
La reforma busca agilizar la justicia en México y profesionalizar al Poder Judicial, enfrentando críticas y escepticismo. Sus detractores aseguran que podría afectar la carrera judicial, mientras que sus defensores argumentan que es necesaria para combatir una justicia lenta y poco accesible.
Más allá de estas opiniones, lo cierto es que la implementación de la reforma no es opcional: es un mandato constitucional que debería ejecutarse sin obstrucciones.
¿Qué pasará si el proceso sigue siendo obstaculizado?
Si los ministros continúan alargando la implementación del proceso, podría ocurrir que las personas juzgadoras sean designadas únicamente por el Poder Ejecutivo y Legislativo, dejando fuera a candidatos independientes que podrían aportar experiencia y profesionalismo al sistema judicial.
Esto pondría en riesgo la legitimidad de las nuevas figuras y alimentaría aún más la narrativa de polarización en torno a la reforma.
Conclusión: Cumplir con la Constitución, una obligación ineludible
En este momento crucial para el sistema judicial mexicano, los ministros enfrentan una decisión que no solo afecta la implementación de la reforma, sino que también pone en juego la confianza pública en la SCJN. La Constitución es clara, y su cumplimiento debería ser inapelable, dejando a un lado posturas personales o políticas.
El tiempo dirá si este proceso logra consolidarse como un paso hacia una justicia más eficiente o si quedará marcado por las tensiones y los obstáculos impuestos por quienes deberían ser sus principales defensores.
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