En 2003, México fue sacudido por un escándalo que desnudó las vulnerabilidades de la asignación presupuestaria en el país: el Tangagate. Se descubrió que 30 millones de pesos, originalmente destinados a programas de prevención del VIH/SIDA, fueron desviados al Comité Nacional Provida, una organización conocida por su agenda antiaborto.
La revelación de que estos recursos públicos se gastaron en artículos de lujo como tangas, plumas Mont Blanc y ropa de marca causó indignación generalizada. Fue un llamado de atención sobre la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control legislativo y ciudadano.
Reformas que transformaron la transparencia presupuestaria
El Tangagate impulsó cambios significativos en la transparencia y rendición de cuentas en México. Entre los logros más destacados se encuentran:
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Permitió a los ciudadanos solicitar datos sobre el uso del presupuesto.
- Índice de Presupuesto Abierto: En solo 15 años, México avanzó al sexto lugar de 125 países evaluados en este índice global.
Sin embargo, mientras los avances en transparencia fueron notables, los mecanismos de vigilancia sobre las modificaciones al presupuesto votado quedaron rezagados.
Las zonas de riesgo en el manejo del presupuesto público
Un reciente informe del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción identifica cinco áreas críticas que favorecen la opacidad:
- Adecuaciones presupuestarias: Aunque por ley deben justificarse, esto rara vez ocurre.
- Asignación de gastos indirectos: En 2022, se destinaron 4,746 millones de pesos a este rubro, con el 75% redirigido al ramo del Bienestar.
- Uso de fideicomisos: Mientras algunos fueron eliminados, otros, como los de Hacienda y Sedena, permanecen sin criterios claros de operación.
- Ahorros de austeridad: Los ahorros generados se reasignaron a otros rubros sin explicar los criterios de distribución.
- Contrataciones públicas: Más del 91% se realizaron por adjudicación directa, un método menos transparente que las licitaciones.
El riesgo de desaparecer los órganos de transparencia
Con la desaparición proyectada de los órganos autónomos de transparencia, el acceso ciudadano a la información estará en riesgo. La centralización de datos en una sola Secretaría dificultará el escrutinio público, haciendo que el control sobre el uso del presupuesto sea casi imposible.
Este cambio representa un retroceso para la democracia mexicana, ya que hará más sencillo ocultar desfalcos y aumentar la discrecionalidad en las decisiones presupuestarias.
¿Qué podemos aprender del Tangagate?
El Tangagate no solo expuso un mal manejo del presupuesto; también reveló el poder de la ciudadanía cuando tiene acceso a información. Las auditorías realizadas por organizaciones civiles demostraron que la rendición de cuentas no es un lujo, sino una necesidad para prevenir abusos y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Hoy, más que nunca, es fundamental proteger los avances en transparencia y exigir vigilancia efectiva sobre el presupuesto, evitando repetir errores del pasado.
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