En solo dos días, sin un debate profundo, el Congreso aprobó la desaparición de siete organismos autónomos que habían marcado avances significativos en la democracia mexicana. La decisión, impulsada por el gobierno federal, plantea un panorama preocupante para la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de derechos ciudadanos.
Instituciones afectadas
- Coneval: Evaluador de políticas de desarrollo social, ahora parte del Inegi.
- Inai: El órgano garante de acceso a la información y protección de datos, trasladado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- Comisión Nacional de Hidrocarburos: Absorbida por la Secretaría de Energía.
- CRE (Comisión Reguladora de Energía): También bajo la Secretaría de Energía.
- MejorEdu: Transferida a la SEP.
- Cofece e IFT: Fusionados en un nuevo órgano descentralizado.
¿Realmente se trata de ahorro?
El argumento principal detrás de esta reforma es el ahorro de 5 mil millones de pesos. Sin embargo, este razonamiento pierde fuerza cuando se compara con los presupuestos destinados a proyectos como el Tren Maya, que recibirán hasta ocho veces más recursos.
Presupuesto en contraste:
- Organismos autónomos eliminados: 5 mil millones de pesos.
- Tren Maya (2024): Más de 40 mil millones de pesos.
El costo de mantener estos organismos es mínimo en comparación con su impacto en áreas como la transparencia y la regulación de sectores estratégicos.
¿Qué significa perder el Inai?
El Instituto Nacional de Transparencia (Inai) fue una de las instituciones más emblemáticas de la lucha por el acceso a la información y la rendición de cuentas. Sin este organismo:
- Acceso a la información restringido: Los ciudadanos pierden la herramienta para exigir transparencia en el uso del presupuesto público, que asciende a más de 9 billones de pesos para 2024.
- Mayor opacidad: La supervisión independiente sobre el manejo de recursos públicos se debilita, abriendo la puerta a posibles casos de corrupción.
- Un derecho humano en riesgo: El acceso a la información es un derecho consagrado internacionalmente, y su limitación puede generar graves retrocesos democráticos.
Impacto en otras instituciones eliminadas
Coneval: El Coneval era clave para medir y evaluar las políticas de combate a la pobreza. Su integración al Inegi, aunque técnica, diluye su autonomía para cuestionar la efectividad de programas sociales.
Cofece e IFT: La fusión de estas instituciones pone en riesgo la regulación de sectores clave como telecomunicaciones y competencia económica. La pérdida de autonomía podría beneficiar a grandes conglomerados económicos.
CRE y CNH: Con su incorporación a la Secretaría de Energía, estas comisiones pierden independencia para regular mercados energéticos, lo que podría generar desequilibrios en favor de intereses gubernamentales.
Las prioridades desatendidas
Mientras el gobierno federal enfoca sus esfuerzos en centralizar el control de estas instituciones, problemas graves como la inseguridad y el sistema de salud permanecen sin soluciones efectivas.
- Crisis de inseguridad: El país enfrenta niveles alarmantes de violencia, con homicidios y desapariciones en aumento.
- Sistema de salud colapsado: La falta de medicamentos, infraestructura insuficiente y la carencia de servicios universales agravan la crisis sanitaria.
¿Un retroceso democrático?
La eliminación de estos organismos marca un punto de inflexión en el panorama democrático de México. Más allá de los ahorros prometidos, el costo social y político de esta decisión podría ser irreversible:
La pérdida de autonomía pone en duda la imparcialidad en áreas clave.
La opacidad en el uso de recursos públicos debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
México necesita transparencia y rendición de cuentas más que nunca. La centralización de estas funciones en dependencias gubernamentales plantea preguntas urgentes sobre el equilibrio de poderes y la capacidad de los ciudadanos para exigir justicia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
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