Más allá de los bloqueos, la lucha de la Coordinadora se centra en la anulación de la Ley del ISSSTE 2007, un sistema de pensiones que consideran perjudicial, y un aumento salarial que dignifique su labor.
Ciudad de México – Las masivas movilizaciones y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que hoy, martes 20 de mayo de 2025, tienen paralizada a la Ciudad de México, no son un estallido espontáneo. Responden a un pliego petitorio robusto y largamente sostenido, cuyas demandas centrales apuntan a una profunda reconfiguración de su seguridad social y condiciones laborales, poniendo sobre la mesa un complejo desafío político y financiero para las autoridades.
Entender la magnitud de las protestas de la CNTE requiere profundizar en sus exigencias fundamentales, que van más allá de una simple mejora salarial y tocan fibras sensibles del modelo de Estado y los derechos de los trabajadores.
La Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007: El Eje de la Discordia
La demanda más emblemática y persistente de la CNTE es la abrogación total de la Ley del ISSSTE aprobada en 2007. Esta reforma, implementada durante el sexenio de Felipe Calderón, transformó el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, migrando de un esquema de beneficio definido (donde la pensión se calculaba sobre el último salario y años de servicio) a uno de cuentas individuales, similar al de las AFOREs que opera para los trabajadores del sector privado.
La CNTE argumenta que este cambio:
* Precariza las pensiones futuras: Sostienen que las cuentas individuales no garantizan una jubilación digna y la someten a los vaivenes del mercado financiero.
* Rompe con la solidaridad intergeneracional: El sistema anterior se basaba en que los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados.
* Elimina derechos adquiridos: Consideran que se modificaron retroactivamente las condiciones de jubilación para quienes ya estaban laborando.
Por ello, exigen la recuperación de un sistema de pensiones solidario, colectivo e intergeneracional, y el pleno reconocimiento de la jubilación por años de servicio (28 años para mujeres y 30 para hombres, según sus planteamientos históricos). También es crucial su rechazo al uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de las pensiones, demandando que estas se tasen con base en salarios mínimos, lo que representaría un monto significativamente mayor.
«No estamos pidiendo privilegios, sino justicia laboral. La Ley del ISSSTE de 2007 fue un despojo a nuestros derechos de jubilación. Queremos pensiones que nos permitan vivir con dignidad después de décadas de servicio a la educación del país.»
Aumento Salarial del 100% y Dignificación Laboral
Otra de las demandas centrales es un aumento salarial del 100% directo al sueldo base y la homologación de las prestaciones para todos los trabajadores de la educación afiliados a la Coordinadora. Argumentan que sus salarios se han visto mermados por la inflación y que no corresponden a la importancia de su labor.
Además, exigen la reinstalación inmediata y sin condiciones de todos los maestros que han sido cesados por motivos relacionados con su participación en movimientos de protesta o por no cumplir con evaluaciones derivadas de la Reforma Educativa, la cual también piden abrogar en sus aspectos considerados lesivos.
El Poder de un Actor Político Consolidado
Aunque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es el gremio mayoritario, la CNTE ha demostrado consistentemente una notable capacidad de movilización y convocatoria, especialmente en la Ciudad de México y en estados del sur del país. Esta fuerza la consolida como un actor político relevante con el que el gobierno, tanto a nivel federal como local, se ve obligado a negociar. Sus acciones, aunque focalizadas en demandas gremiales, tienen un impacto político considerable, evidenciando las tensiones no resueltas en el sector educativo y laboral.
El plantón que mantienen en el Zócalo capitalino desde el pasado 14 de mayo, con una participación estimada de unas 16,000 personas, es una muestra de su capacidad organizativa y su determinación.
El Dilema Gubernamental: Costo Fiscal vs. Paz Social
Atender integralmente las demandas de la CNTE, particularmente el aumento salarial del 100% y una reversión completa del sistema de pensiones del ISSSTE a un modelo de beneficio definido sin topes, implicaría un impacto fiscal de enormes proporciones para el Estado mexicano.
El gobierno se enfrenta así a un complejo dilema: ceder a las exigencias para desactivar el conflicto y restaurar la «paz social» en la capital y otras regiones, o mantenerse firme en las políticas actuales y arriesgar una conflictividad prolongada con altos costos sociales y económicos. Cualquier negociación real probablemente buscará puntos intermedios o concesiones graduales, pero la distancia entre las posturas parece, por ahora, considerable. La resolución de este conflicto será una prueba clave para la habilidad política y la capacidad de gestión de la administración actual.
¿Consideras justas las demandas de la CNTE? ¿Qué soluciones propondrías para este conflicto? Opina con nosotros.
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