Hace unas semanas, el estado de Querétaro se convirtió en el epicentro de la indignación nacional cuando Esmeralda, una adolescente víctima de abuso sexual y un aborto espontáneo, fue acusada de homicidio. La fiscalía no solo intentó criminalizarla, sino que buscaba imponerle una pena de tres años de prisión y una indemnización de 500 mil pesos al agresor, quien resultó ser un familiar cercano.
El caso, dado a conocer por el Colectivo Adax, puso en evidencia las profundas fallas en el sistema de justicia mexicano: desde la falta de preparación de las autoridades hasta la prevalencia de un enfoque machista que revictimiza a las mujeres y la lucha por la despenalización del aborto.
Las cifras detrás del horror
El caso de Esmeralda no es aislado. En México, el 90% de los abusos sexuales contra niñas son cometidos por familiares o personas cercanas. La pobreza y la desigualdad agravan la situación, dificultando el acceso a la justicia para las víctimas.
A pesar de avances en el marco legal, como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021 de despenalizar el aborto en todo el país, las legislaciones estatales y las prácticas judiciales siguen rezagadas.
Machismo institucional: un sistema que falla a las mujeres
La actuación de la fiscalía en Querétaro evidencia un problema estructural. Las autoridades encargadas de impartir justicia no solo carecen de perspectiva de género, sino que perpetúan un sistema que criminaliza a las víctimas en lugar de protegerlas.
El caso de Esmeralda es indignante porque:
- No se respetaron sus derechos fundamentales.
- Su agresor sigue libre.
- La justicia se aplicó desde un enfoque machista y retrógrado.
- Las leyes estatales no garantizan los derechos de las mujeres sobre su cuerpo.
La lucha por la despenalización del aborto: avances y retos
Actualmente, 19 estados en México han despenalizado el aborto, siendo San Luis Potosí el más reciente en sumarse. Sin embargo, aún faltan 13 entidades por hacerlo. Algunos estados, como Aguascalientes, han retrocedido en los derechos ganados, al reducir el plazo permitido para la interrupción del embarazo de 12 a 6 semanas.
La SCJN ha tomado medidas importantes, ordenando a congresos estatales, como el de Chiapas y Yucatán, derogar normas que penalizan el aborto. Sin embargo, la resistencia de muchas legislaturas locales retrasa la implementación de derechos plenos para las mujeres.
Hacia un México más justo: propuestas para garantizar los derechos de las mujeres
El caso de Esmeralda pone en la mesa la urgencia de adoptar medidas que protejan a las mujeres de manera integral:
- Reformar el artículo 4° constitucional: Incluir el derecho a la interrupción del embarazo garantizaría la protección a nivel federal, obligando a los estados a respetarlo.
- Capacitación en perspectiva de género: Es fundamental educar a las autoridades judiciales para evitar la revictimización de las mujeres.
- Fortalecer la atención a víctimas: Crear mecanismos de apoyo que aseguren justicia y atención psicológica para las sobrevivientes de violencia sexual.
¿Cuántas Esmeraldas más?
El caso de Esmeralda logró captar la atención mediática y evitó una injusticia mayor, pero muchas mujeres en México siguen enfrentando acusaciones injustas y una doble victimización.
Garantizar que los derechos reproductivos sean reconocidos plenamente no solo es una cuestión legal, sino un acto de justicia social. Es imperativo que México avance hacia una sociedad que proteja a sus mujeres y niñas, dejando atrás el machismo institucional que perpetúa la desigualdad.
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