Del 15 de junio al 31 de agosto de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 17 operativos de inspección en predios forestales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Sedena y corporaciones estatales de seguridad.
Las acciones derivaron en la clausura de 17 predios donde se detectaron desmontes y cambios de uso de suelo sin autorización de la Semarnat. En todos los casos, la selva fue arrasada para la siembra de monocultivos agroindustriales, principalmente vinculados a comunidades menonitas.
En Campeche, el municipio de Hopelchén registró afectaciones en 247.85 hectáreas de selva. Dos predios ubicados en los ejidos Xmaben y Francisco J. Mújica fueron clausurados y se aseguró maquinaria pesada tipo oruga.
En Quintana Roo, los operativos se desplegaron en José María Morelos, Bacalar y en el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax. Ahí se constató el cambio de uso de suelo en 2,531.12 hectáreas, además del aseguramiento de un tractor con bomba de fumigación.
Mientras que en Yucatán, en el municipio de Tekax, fueron clausurados predios en los ejidos Nohalal, Emiliano Zapata y Poccheil, con una afectación de 968.62 hectáreas. También se aseguraron una Caterpillar D8, una retroexcavadora, una perforadora de pozo y tres tractores agrícolas.
En total, los operativos cerraron 17 predios con 3,747.59 hectáreas de selva impactadas: 247.85 en Campeche, 2,531.12 en Quintana Roo y 968.62 en Yucatán. De mayo a agosto, la Profepa acumula 25 operativos en la Península de Yucatán, con la clausura de predios que en conjunto suman 6,325.60 hectáreas de selva afectada.
Coordinación y sanciones para frenar la tala ilegal y restaurar la selva
Como parte de estas acciones, la dependencia convocó a la creación de una Mesa de Combate a la Tala Ilegal y la Deforestación para Quintana Roo, con la participación de autoridades ambientales y de seguridad de los tres niveles de gobierno, a fin de detener los acelerados procesos de cambio de uso de suelo que se registran en la región.
“Además de las clausuras, en todos estos casos hemos abierto procedimientos administrativos y, hasta el momento, hemos presentado 13 denuncias penales. Tenemos el compromiso de trabajar en coordinación con instituciones de los tres niveles para frenar estos desmontes ilegales y avanzar hasta obtener sanciones ejemplares para quienes arrasan con las selvas y para establecer procesos de restauración de la vegetación nativa”, explicó la procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy Tamborrell.
La Profepa confirmó que continuará con operativos permanentes de inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y avanzar en la reparación de los daños ocasionados a los ecosistemas forestales de la Península.
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