En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), fueron detenidos nueve presuntos integrantes de un grupo criminal generador de violencia. La acción se llevó a cabo en los estados de Querétaro, Guanajuato y Yucatán, donde se realizaron cinco cateos y otra acción operativa.
Entre los detenidos se encuentra José Remedios «N», alias “El Reme”, identificado como operador del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y jefe de sicarios y narcomenudistas de esta organización. Su captura tuvo lugar en la Calle 30 de un fraccionamiento en Yucatán.
Operativo simultáneo
Las detenciones fueron resultado de investigaciones iniciadas tras un ataque armado a un bar en Querétaro el 9 de noviembre de 2024. A partir del análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas, se identificó a una célula criminal responsable de diversos delitos, incluyendo delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, homicidios y venta de droga.
Durante el operativo, se aseguraron cinco inmuebles utilizados por los presuntos delincuentes. Cuatro de ellos estaban en Querétaro, en las colonias Juriquilla, Real de Juriquilla, La Pradera y el kilómetro 32.5 del Libramiento Norponiente de Tlacote el Alto. El quinto inmueble se encontraba en la colonia La Providencia en San Miguel de Allende, Guanajuato.
En uno de los domicilios en Querétaro fueron detenidos José Francisco «N» y Sandra «N», señalados como los principales operadores de una alianza entre grupos criminales y presuntos responsables de ordenar ataques violentos. En este sitio, las autoridades aseguraron dos bolsas con cristal, una caja de cartuchos útiles, tres vehículos y dos motocicletas de alta gama.
En los restantes cateos en Querétaro se detuvo a tres hombres y una mujer, mientras que en Guanajuato se capturó a dos hombres más. Además, se incautaron diversas dosis de droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación legal. Los inmuebles quedaron asegurados para continuar con las diligencias correspondientes.
Las instituciones de seguridad reiteraron su compromiso de seguir trabajando en coordinación para fortalecer la paz y combatir la impunidad en el país.
