El Gobierno Federal y el Gobierno de Quintana Roo unieron esfuerzos para reforzar la atención y protección de niñas, niños y adolescentes que viven situaciones de riesgo o que llegan al estado en contexto de migración. A través de dos convenios publicados en el Diario Oficial de la Federación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) transfirió recursos por más de 10.7 millones de pesos al DIF estatal y al DIF municipal de Benito Juárez.
El primer convenio, con un monto de 4.7 millones de pesos, beneficiará al Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes que opera en Cancún. Allí se brinda alojamiento temporal, alimentación, atención médica, apoyo psicológico y representación legal a menores que han llegado solos o con sus familias, en muchos casos huyendo de la violencia o en busca de mejores oportunidades.
El segundo acuerdo destina poco más de seis millones de pesos a la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes No Acompañados, ubicada en Othón P. Blanco (Chetumal). Este espacio está diseñado para proteger a menores que enfrentan abandono, maltrato, violencia o que requieren medidas urgentes de resguardo mientras las autoridades determinan su situación legal y familiar.
Atención a niños migrantes
Ambos proyectos tienen un propósito común: ofrecer entornos seguros, con cuidados adecuados, a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Esto incluye a migrantes acompañados o no acompañados, víctimas de delitos, menores con discapacidad, hijos de jornaleros agrícolas, personas indígenas, así como hijos de personas privadas de la libertad o desaparecidas.
Los convenios establecen que los recursos deberán usarse exclusivamente para fortalecer la operación y mejorar la infraestructura de estos centros, incluyendo mantenimiento, ampliación, equipamiento y rehabilitación. Además, contemplan capacitaciones, mejoras en los modelos de atención y acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de cada menor.
De acuerdo con el marco legal que sustenta estos acuerdos, todas las decisiones deben priorizar el interés superior de la niñez, tal como lo establece la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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