El desplazamiento forzado en Chiapas volvió a hacerse visible este martes cuando seis familias expulsadas de su comunidad hace cuatro años se manifestaron frente a la sede del Poder Ejecutivo estatal, en Tuxtla Gutiérrez. No se trata de una protesta aislada, sino del reflejo de una crisis humanitaria prolongada que sigue sin resolverse en una de las regiones más vulnerables del país.
Las familias, originarias de la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, huyeron el 16 de diciembre de 2021 tras un ataque armado que destruyó sus viviendas y puso en riesgo sus vidas. Desde entonces, sobreviven en condiciones precarias, sin garantías de seguridad para regresar y con apoyos oficiales que califican como insuficientes.
Cuatro años de desplazamiento y precariedad
De acuerdo con su representante, Bersaín Velasco Aguilar, son 34 personas desplazadas, a las que se suman ocho menores nacidos en San Cristóbal de Las Casas durante el tiempo que llevan fuera de su comunidad. Actualmente, las familias rentan ocho viviendas, pero el apoyo gubernamental solo cubre parcialmente el alquiler de cinco de ellas.
Además, denuncian que las despensas que reciben son incompletas y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Esta situación ha generado un desgaste económico y emocional profundo, típico de los casos de desplazamiento forzado en Chiapas, donde las víctimas quedan atrapadas entre la violencia y la falta de respuestas institucionales.
Sin condiciones para regresar a Nueva Palestina
Uno de los puntos centrales de la demanda es la falta de condiciones de seguridad para el retorno. Las familias aseguran que siguen siendo amenazadas, por lo que regresar a Nueva Palestina no es una opción viable. Ante este escenario, solicitan al gobierno estatal una reubicación territorial definitiva, que les permita reconstruir sus vidas lejos del riesgo.
La experiencia del desplazamiento no solo implica perder una vivienda, sino romper con redes comunitarias, fuentes de ingreso y proyectos de vida. En este caso, el miedo persiste cuatro años después, lo que evidencia la gravedad de la violencia que enfrentaron.
Violencia, criminalización y desaparición
El relato de los hechos que provocaron el desplazamiento revela un contexto de extrema violencia. Según Bersaín Velasco Aguilar, el ataque fue perpetrado por hombres armados, presuntamente ligados a grupos criminales que operan en complicidad con autoridades comunitarias.
Durante esos hechos murió un policía municipal, en un episodio que posteriormente derivó en la criminalización de defensores de derechos humanos. Entre ellos se encuentra Bersaín Aguilar García, padre del vocero, quien permanece preso desde el 10 de enero de 2022 en el penal de San Cristóbal de Las Casas, acusado de homicidio, homicidio calificado y robo.
Las familias también denunciaron la desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz, de quien aseguran fue torturado y asesinado, aunque su cuerpo nunca fue entregado. Este tipo de casos refuerzan el temor de regresar a la comunidad de origen.
El papel de la defensa de derechos humanos
Antes del ataque, Bersaín Aguilar García había denunciado agresiones del crimen organizado y defendido a jóvenes que estaban a punto de ser linchados. Esta labor de defensa, según su familia, fue el detonante de las represalias.
El desplazamiento forzado en Chiapas no puede entenderse sin este contexto de violencia contra quienes defienden derechos humanos y denuncian abusos. La falta de protección institucional convierte a estas personas en blanco fácil, obligándolas a huir para salvar la vida.
Desplazamiento forzado en Chiapas, una crisis persistente
A mitad del análisis, el desplazamiento forzado en Chiapas aparece como un problema estructural que combina violencia armada, impunidad y abandono institucional. Las familias desplazadas no solo piden apoyo económico, sino soluciones integrales que incluyan seguridad, justicia y reparación del daño.
La manifestación frente al Ejecutivo estatal es un llamado urgente para que las autoridades reconozcan la dimensión humanitaria del problema y actúen más allá de apoyos parciales.
Una exigencia de dignidad y justicia
El caso de las familias de Nueva Palestina resume la tragedia del desplazamiento forzado en Chiapas: hogares destruidos, vidas fragmentadas, defensores encarcelados y desaparecidos sin justicia. Cuatro años después, la herida sigue abierta.
Sin condiciones para regresar y sin una solución definitiva, las víctimas exigen algo básico: seguridad, reubicación digna y apoyo humanitario suficiente. Atender esta demanda no es solo una obligación legal, sino un paso indispensable para enfrentar de raíz el desplazamiento forzado en Chiapas y evitar que más comunidades sean condenadas al olvido.
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