El pasado 6 de febrero de 2025, José Enrique Bazán Pérez, reconocido activista de la comunidad LGBT+ en Oaxaca, denunció haber sido víctima de abuso policial por parte de elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino. Según su testimonio, los agentes lo detuvieron arbitrariamente, lo agredieron físicamente y profirieron insultos homofóbicos en su contra.
Detención arbitraria y agresiones
Bazán Pérez relató que la noche de los hechos se encontraba en el estacionamiento de una tienda cuando fue abordado por los policías, quienes sin motivo aparente lo sometieron a golpes y lo trasladaron a las instalaciones municipales. Durante su detención, afirma haber sido desnudado, fotografiado y encerrado en una celda por aproximadamente cuatro horas, hasta que presentó síntomas que requerían atención médica. Posteriormente, fue liberado bajo amenazas para que no denunciara lo ocurrido.
Denuncia y temor por represalias
A pesar de las intimidaciones, el activista decidió presentar una denuncia penal con el apoyo de organizaciones defensoras de los derechos LGBT+. La querella fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), donde también fue valorado por el Instituto de Servicios Periciales. No obstante, Bazán Pérez expresó temor por su seguridad, ya que ha sido objeto de una campaña de difamación en redes sociales, presuntamente orquestada por autoridades municipales, en la que se le acusa falsamente de robo y de mantener una relación inapropiada con su sobrino.
Exigen justicia y fin a los abusos policiales
Este caso ha generado indignación entre la comunidad LGBT+ y defensores de derechos humanos, quienes exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables. Señalan que no es un hecho aislado, ya que existen antecedentes de abusos por parte de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, incluyendo el homicidio de un menor durante un operativo de alcoholímetro en septiembre de 2024.
La comunidad hace un llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad de Bazán Pérez y de otros activistas, así como para implementar medidas que erradiquen la discriminación y violencia institucional contra personas LGBT+. Amnistía Internacional ha destacado que vivir como persona lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersexual puede suponer un riesgo significativo en diversas regiones, y México no es la excepción.
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