Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará en Palacio Nacional las reformas a las leyes secundarias del sector eléctrico, un documento trabajado por la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el subsecretario José Antonio Rojas Nieto. Aunque el proyecto busca dar certidumbre a la operación del mercado eléctrico, las dudas sobre su viabilidad financiera y técnica persisten.
Por un lado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá garantizar que el 54% de la generación eléctrica en México provenga del Estado, una meta alcanzada en la administración de Andrés Manuel López Obrador tras la compra de 12 plantas de Iberdrola. Sin embargo, cumplir con esta exigencia en el futuro parece poco realista debido a la falta de inversión y capacidad de ejecución.
La inversión millonaria que CFE necesitaría
México requiere alrededor de 21 gigawatts (GW) adicionales en los próximos seis años para satisfacer la creciente demanda energética. Bajo la nueva reforma, CFE debe desarrollar 11.34 GW, lo que significa triplicar su ritmo actual de construcción de plantas.
El problema es que, durante el sexenio pasado, CFE solo logró construir 3.2 GW de un total proyectado de 8.6 GW, lo que demuestra un ritmo de ejecución de apenas 0.53 GW por año. Para cumplir con la nueva meta, la empresa estatal debería aumentar su ritmo a 1.89 GW por año, algo que parece inalcanzable con los actuales niveles de inversión.
Además, la creciente demanda global por turbinas de generación eléctrica, impulsada por el desarrollo de centros de datos y la inteligencia artificial, ha extendido los tiempos de espera para adquirir estos equipos a entre 24 y 36 meses, lo que podría retrasar aún más los proyectos de CFE.
Nearshoring en riesgo por crisis energética
Uno de los efectos colaterales de esta crisis energética es el impacto en la inversión extranjera y el nearshoring, la tendencia de empresas globales a reubicar su producción en México. El Plan México, presentado recientemente por Altagracia Gómez, busca atraer capital extranjero, pero la falta de electricidad confiable y el problema del agua pueden frenar estas inversiones.
Empresas internacionales evalúan cada vez más la opción de importar energía desde Texas, lo que podría afectar la autosuficiencia energética de México y debilitar la posición del país en la transición hacia una economía más competitiva.
Pemex: una crisis financiera sin precedentes
La crisis energética no es el único problema. Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una situación financiera alarmante, con una deuda acumulada con proveedores que ronda los 700 mil millones de pesos.
La petrolera, dirigida por Víctor Rodríguez Padilla, ha retrasado pagos a cientos de empresas, lo que ha generado un impacto en el sector energético global. Multinacionales como SLB y Halliburton han reportado una caída en sus ingresos debido a la reducción de actividades de perforación en México.
Stephane Biguet, director financiero de SLB, indicó que sus ingresos por la construcción de pozos han disminuido significativamente, mientras que Jeff Miller, CEO de Halliburton, advirtió que la falta de claridad en Pemex sobre tiempos de contratación genera incertidumbre en el mercado.
Las consecuencias son evidentes:
- SLB reportó una caída del 5% en sus ingresos anuales en América Latina debido a la crisis en Pemex.
- Halliburton sufrió una baja del 9% en sus ingresos regionales, afectada por la menor actividad en México.
- Otras compañías como Baker Hughes podrían verse obligadas a revelar la magnitud del problema en sus próximos reportes financieros.
Pemex obligado a revelar su crisis financiera
Antes de que termine febrero, Pemex deberá presentar sus estados financieros ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Analistas anticipan que la empresa reconocerá una caída histórica en su producción de petróleo, así como la magnitud real de su deuda con proveedores.
El problema no es nuevo, pero se ha agravado con la política energética del gobierno. La administración de Sheinbaum tendrá que decidir cómo abordar la crisis sin comprometer las finanzas públicas, pues la petrolera sigue dependiendo de subsidios y apoyo gubernamental para operar.
México ante un futuro incierto
La combinación de problemas en CFE y Pemex representa un riesgo para el desarrollo económico del país. Si bien la administración actual busca fortalecer la autosuficiencia energética, la falta de inversión, la crisis financiera y la congestión en la red de transmisión eléctrica dificultan este objetivo.
La gran pregunta es: ¿podrá México cumplir con sus metas energéticas y mantener el atractivo para las inversiones extranjeras?
La respuesta dependerá de cómo el gobierno logre equilibrar sus políticas de soberanía energética con la realidad del mercado global. De no hacerlo, el país podría enfrentar un freno en su desarrollo industrial, mayores costos de electricidad y una crisis económica más profunda.
En los próximos meses, veremos si las reformas de Sheinbaum logran dar estabilidad al sector energético o si México se encamina a un colapso financiero en su industria clave.
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