El fin de los litros del Río Colorado
El otoño llegó con una noticia amarga para Tijuana. La ciudad, que cada año recibe 80 millones de metros cúbicos del Río Colorado gracias al Tratado de Aguas Internacionales de 1944, ya agotó su cuota anual. Desde 2016, su consumo se disparó a 190 millones de metros cúbicos, mucho más de lo permitido. La consecuencia es clara: a partir del 1 de octubre, cada gota adicional deberá comprarse al Distrito de Riego 014, el mismo que desde hace años controla un polémico mecanismo conocido como banco de agua.
El banco de agua: negocio oculto con recurso público
En el Valle de Mexicali, donde se ubica el Distrito 014, los agricultores crearon un sistema paralelo que permite vender los excedentes de agua que ya no utilizan en cultivos. Así nació el banco de agua, un entramado de operaciones opacas que funciona gracias a acuerdos entre agricultores, directivos de módulos de riego y viejos funcionarios.
El mecanismo es simple: si una parcela deja de sembrarse, ese volumen de agua “sobrante” pasa al banco, que lo revende a empresas, fraccionadores o incluso a la ciudad de Tijuana. El precio promedio: 13 pesos por metro cúbico. Solo en Tijuana, la facturación anual ronda los 80 millones de metros cúbicos, lo que significa un negocio multimillonario.
Agricultores y fraccionadores: una red que alimenta la especulación
Marco Aurelio Gámez, exjefe del Distrito 014 de la Conagua, explica cómo ciertos módulos de riego se han convertido en proveedores de agua para desarrollos urbanos. El módulo 20, por ejemplo, tenía derecho a regar más de 100 mil hectáreas, pero gran parte de esas tierras ya no se cultivan; en cambio, el agua se vende para proyectos inmobiliarios.
El módulo 16, ubicado en la llamada “zona dorada” de Mexicali, alimenta fraccionamientos de lujo como San Pedro. Otros módulos, como el 12 o el 21, aportan menos, pero también participan en esta red. Al final del ciclo agrícola, el banco decide a quién se le vende el líquido: una parte para Tijuana, otra para empresas como Coca Cola, y todo bajo una comisión del 7% por operación.
El rechazo al Plan Hídrico Nacional
El gobierno federal intentó frenar esta dinámica con un Plan Hídrico Nacional, que incluía invertir 400 mil millones de pesos en rehabilitar canales y modernizar sistemas para ahorrar agua destinada al consumo humano. Sin embargo, los 22 módulos del Distrito 014 se negaron a firmar el acuerdo. La razón: aceptar el plan significaba ceder volúmenes de agua al Estado, reduciendo los ingresos del banco y los privilegios de los grupos que lo controlan.
Corrupción y vacío legal en la gestión del agua
Rigoberto Campos, productor del Valle de Mexicali y activista en defensa del agua, lo dice sin rodeos: el banco es “una aberración total”. Aunque opera como asociación civil, en realidad actúa como una empresa privada que lucra con un recurso público. Ni siquiera los módulos tienen autoridad jurídica plena sobre él.
Según Campos, el banco lleva registros en papel, sin auditoría ni control real. Productores reciben pagos desiguales —algunos solo obtienen 4 pesos de los 13 que se cobran por metro cúbico— y el resto se reparte bajo acuerdos internos difíciles de rastrear. En este sistema, las familias de dirigentes agrícolas terminan beneficiadas con prioridad en la venta de agua.
Tijuana, ciudad rehén del agua
La situación coloca a Tijuana en una posición crítica. La ciudad depende de un mercado privado, opaco y controlado por intereses particulares para garantizar su abasto de agua. Lo que debería ser un derecho básico se transforma en un negocio millonario que enfrenta a consumidores, agricultores y autoridades en una lucha desigual.
Cada litro que fluye por el acueducto Río Colorado-Tijuana lleva detrás una historia de corrupción, especulación y abandono institucional. Mientras el gobierno federal insiste en priorizar el consumo humano, los intereses locales frenan cualquier intento de regulación.
El agua como mercancía y la urgencia de un cambio
La historia del banco de agua en Mexicali revela cómo un recurso vital se convierte en mercancía. En lugar de garantizar el acceso equitativo, el sistema privilegia a quienes pueden pagar más. Tijuana, con su crecimiento acelerado, queda atrapada en una dependencia costosa y vulnerable.
Expertos coinciden en que la única salida real es una reforma profunda de la Ley de Aguas Nacionales, que limite la especulación y devuelva a la Conagua el control absoluto sobre los volúmenes de agua. Mientras eso no ocurra, los ciudadanos seguirán pagando el precio de una corrupción que fluye, gota a gota, hasta convertirse en un río invisible de negocios privados.
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