La mañana del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Congreso de dos iniciativas de reforma: una para modificar la Ley de Aguas Nacionales y otra para crear una Ley General que garantice el derecho al agua. El objetivo es claro: frenar la mercantilización del líquido vital y endurecer las sanciones contra quienes lucran con la necesidad de millones de personas.
La historia del agua en México arrastra décadas de irregularidades. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, concesiones y permisos se han convertido en un negocio que beneficia a unos cuantos, dejando comunidades enteras sin acceso al recurso.
Los hallazgos de Conagua: coordenadas en Tailandia
En su revisión de más de 482 mil títulos de concesión, la Conagua ha encontrado inconsistencias que parecen sacadas de una película. Algunos registros tienen coordenadas que llevan hasta el mar o incluso a las costas de Tailandia, cuando el supuesto aprovechamiento está en Oaxaca.
Otras irregularidades incluyen falsificación de documentos, uso indebido de concesiones agrícolas para fines industriales o turísticos, y perforación ilegal de pozos para abastecer pipas que se venden hasta en 3 mil pesos.
El costo del desorden: millones perdidos, millones recuperados
El subdirector de Conagua, Mauricio Rodríguez Alonso, reveló que este caos administrativo permitió abusos históricos. Sin embargo, con la revisión actual ya se han recuperado 4 mil 475 millones de metros cúbicos de agua y se han recaudado más de 2 mil 938 millones de pesos adicionales en comparación con 2024.
La estrategia incluye visitas de inspección, denuncias ciudadanas y un portal abierto al público para reportar el robo y la explotación ilegal del agua.
Sanciones más severas contra delitos hídricos
La reforma de Sheinbaum plantea multas de hasta 50 mil UMAS y la extensión de dominio para quienes lucren ilegalmente con el recurso. Esto significa que pozos, terrenos o sistemas usados para el robo de agua podrían pasar a control del Estado.
Casos como los de balnearios y clubes de golf que usaban títulos agrícolas —exentos de pago— para operar como empresas privadas muestran la magnitud del problema.
Un derecho humano, no una mercancía
En su conferencia, Sheinbaum aseguró que los empresarios “no tienen nada de qué preocuparse, excepto ponerse en orden”. El mensaje es directo: el agua es un derecho humano, no una mercancía, y el gobierno federal está dispuesto a depurar décadas de corrupción.
La reforma llega en un momento crítico, cuando regiones del centro y norte del país viven estrés hídrico severo y comunidades enteras dependen de pipas para subsistir.
Hacia una nueva cultura del agua
El debate en el Congreso no será sencillo, pero esta iniciativa abre la puerta a una nueva era en la gestión hídrica de México. La revisión de concesiones, las sanciones más duras y la certeza jurídica para pequeños productores marcan un cambio profundo.
La historia del agua en México ha sido la de unos pocos contra muchos. Ahora, con esta reforma, Sheinbaum busca que el líquido vital regrese a donde pertenece: al pueblo.
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