En México, la seguridad sigue siendo uno de los temas más críticos y controvertidos. Mientras las autoridades locales enfrentan una presión constante para actuar, la percepción de negación y la falta de respuestas claras agravan la situación. Esta semana, las miradas se centraron en tres estados clave: Chihuahua, Sinaloa y Sonora, donde los hechos recientes evidencian problemas profundos en la gestión de la seguridad y el apoyo gubernamental.
Chihuahua: ¿otros datos o negación de la realidad?
En el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, enfrenta críticas tras minimizar los desplazamientos y la violencia extrema en la región. Según Jáuregui, no hay crisis entre grupos criminales ni desplazamientos, una afirmación que contrasta con los hechos:
- Ataques con drones: Al menos tres recientes agresiones a autoridades de los tres niveles de gobierno.
- Violencia extrema: Personas colgadas en puentes, un símbolo recurrente del control territorial por parte del crimen organizado.
La postura de Jáuregui ha generado indignación en organizaciones civiles que lo acusan de restarle importancia a una situación alarmante. Para muchos, la negación del fiscal parece ser un intento por evitar el reconocimiento de un problema que requiere soluciones urgentes.
Sinaloa: apoyos rebotados y señalamientos de favoritismo
En Sinaloa, la oposición se prepara para cuestionar al secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Güicho, tras la revelación de que los cheques de apoyo otorgados a miembros del sector gastronómico afectados por la violencia fueron rebotados.
Los puntos clave del escándalo:
- Apoyos económicos: Cheques de 10 y 20 mil pesos que no pudieron cobrarse, dejando a los beneficiarios en el limbo.
- Presuntas irregularidades: Acusaciones de que algunos beneficiarios tienen vínculos cercanos con funcionarios estatales.
La situación ha provocado indignación, ya que los afectados no solo enfrentaron pérdidas económicas por la violencia, sino también la incertidumbre sobre los recursos prometidos.
Sonora: confusión tras un enfrentamiento mortal
En Sonora, un enfrentamiento entre policías estatales y presuntos delincuentes en la carretera internacional desató una serie de especulaciones debido a la falta de claridad en las versiones oficiales.
El relato oficial:
- Día uno: La Secretaría de Seguridad Pública informó sobre dos abatidos y tres detenidos.
- Día dos: El titular de la dependencia, Víctor Hugo Enríquez García, corrigió diciendo que uno de los fallecidos era una persona privada de la libertad encontrada muerta en el vehículo antes del enfrentamiento.
Esta contradicción ha generado dudas sobre la transparencia de las autoridades y ha alimentado teorías de encubrimiento. La exigencia de explicaciones claras se mantiene, aunque no es algo habitual en la gestión de Enríquez García.
¿Qué nos dice esto sobre la seguridad en México?
Los eventos en Chihuahua, Sinaloa y Sonora son síntomas de un problema estructural en la gestión de la seguridad en México:
- Negación de la realidad: Minimizar o ignorar problemas solo agrava la percepción pública de inseguridad.
- Falta de rendición de cuentas: Las inconsistencias en las versiones oficiales y el manejo de apoyos económicos generan desconfianza.
- Ausencia de coordinación: La respuesta a estos problemas requiere un esfuerzo conjunto entre niveles de gobierno y una mayor transparencia.
Una crisis que exige respuestas claras
Mientras las autoridades locales y estatales continúan enfrentando desafíos en seguridad y apoyo social, es crucial reconocer que la confianza de la ciudadanía depende de la transparencia y la acción efectiva. Casos como los de Chihuahua, Sinaloa y Sonora no solo evidencian problemas de gestión, sino que también reflejan la urgencia de una estrategia nacional más integral y coherente.
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