A Sara la conocían como “La Millerey”, una joven trans alegre, querida por su comunidad, con una risa inconfundible y sueños como cualquiera. Pero su historia terminó en tragedia en Bello, Antioquia, donde fue víctima de uno de los crímenes más atroces que ha estremecido a Colombia en 2025.
Según denuncias compartidas en redes sociales, sus agresores le quebraron los brazos y las piernas antes de lanzarla aún con vida a la quebrada Playa Rica. A pesar de sus súplicas, Sara no logró salvarse.
La comunidad en duelo y un país que aún no reacciona
Amigas, activistas y familiares no tardaron en pronunciarse. Las redes se llenaron de mensajes que pedían justicia, y en cada uno se repetía el nombre que Sara eligió para sí: «La Millerey». El crimen ha expuesto la impunidad y la negligencia estatal que aún pesa sobre la población trans en Colombia.
Violencia trans: cifras que no dejan mentir
La Defensoría del Pueblo reveló que entre enero y octubre de 2024 se registraron 258 casos de violencia motivada por prejuicios contra personas trans o no binarias, con un preocupante incremento del 29,6 % respecto al año anterior.
Además, la Fiscalía reportó 26 asesinatos de personas trans en ese mismo período, dos homicidios por mes. Antioquia, junto con otros departamentos como Valle del Cauca, lidera estas alarmantes cifras.
Los derechos existen… pero en el papel
A pesar de avances jurídicos, la realidad es que muchas personas trans siguen sin poder acceder a servicios de salud dignos, justicia efectiva o condiciones de vida seguras. Las barreras estructurales siguen presentes, y casos como el de Sara lo evidencian con brutal claridad.
La Defensoría insiste en que las políticas públicas deben dejar de ser promesas y convertirse en acciones tangibles. El CONPES-LGBTIQ+ y la Política Pública Nacional LGBTI están estancados o sin implementación real.
Exigencias claras: ¡no más impunidad!
Entre las recomendaciones urgentes está la implementación del Mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias y Actos de Discriminación a Población LGBTIQ+, que permitiría articular esfuerzos entre el Estado, las organizaciones sociales y la ciudadanía.
Sin sensibilización institucional, sin recursos y sin voluntad política, los asesinatos seguirán ocurriendo. Y los nombres, como el de Sara, se seguirán repitiendo en medio de lágrimas, hashtags y promesas vacías.
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