Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, fue asesinada brutalmente el 6 de abril de 2025 en Bello, Antioquia. Su cuerpo apareció en la quebrada La García, un riachuelo que no solo divide geográficamente dos barrios, sino que también traza la línea de control entre dos de las bandas criminales más peligrosas de Colombia: El Mesa y Pachelly.
Una frontera mortal entre dos poderes ilegales
Buenos Aires y Playa Rica no solo son nombres en el mapa urbano de Bello; son territorios en disputa donde las bandas criminales imponen su ley. Según la Fiscalía, Sara fue golpeada salvajemente en Buenos Aires, zona controlada por El Mesa, grupo implicado en más de 250 homicidios recientes en Bogotá y Medellín.
Con fracturas en brazos y piernas, fue arrojada con vida a la quebrada que divide ese barrio de Playa Rica, controlado por la banda rival Pachelly. Este acto atroz no solo buscaba eliminarla, sino también enviar un mensaje de terror.
El silencio del miedo
Lo más desgarrador es que nadie la ayudó. Los vecinos de Playa Rica vieron desde sus ventanas cómo el cuerpo de Sara flotaba, pero no hicieron nada. ¿Por qué? Por miedo. El dominio de estas bandas es tal que la omisión se convierte en supervivencia.
El asesinato fue captado en video por un testigo que tampoco intervino. La grabación, que circula en redes, ahora es clave en la investigación, aunque la Fiscalía evalúa posibles cargos por omisión de auxilio contra quien la filmó.
El Estado responde… ¿o reacciona?
Tras la ola de indignación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la Alcaldía de Bello ofrecieron una recompensa conjunta de 100 millones de pesos. La investigación sigue abierta, pero los habitantes ya han perdido la fe en que esta vez sí se haga justicia.
El cuerpo de Sara fue sepultado el martes en medio del llanto de su familia, la indignación de sus amigas y un país que empieza a preguntarse cuántas Saras más faltan para que algo cambie.
Una muerte que no puede ser en vano
El Ministerio de Igualdad y Equidad alzó la voz con fuerza, exigiendo una investigación con enfoque de género y derechos humanos. Desde el Viceministerio de Diversidades, se solicitó la activación inmediata de la Mesa de Casos Urgentes, esperando que el crimen no quede impune.
Sara Millerey ya no está, pero su historia se ha convertido en símbolo de una doble violencia: la ejercida por el crimen organizado y la que nace del prejuicio hacia las personas trans.
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