La diputada de Morena, Jennifer Paulina Rubio Tello,presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud con el objetivo de reforzar las acciones de prevención del embarazo adolescente en Quintana Roo.
La propuesta surge en un contexto donde, de acuerdo con cifras oficiales, ocho de cada mil adolescentes en el estado se embarazan antes de los 17 años. Tan solo en 2023 se registraron mil 11 nacimientos en madres de entre 10 y 17 años, incluyendo 72 casos en niñas de entre 10 y 14 años.
Para la legisladora, el embarazo en la adolescencia no es solo un tema individual, sino un problema de salud pública con impactos sociales y económicos profundos.
“La adolescencia es una etapa de transición, de cambios físicos y emocionales, donde las y los jóvenes están construyendo su proyecto de vida. Cuando ocurre un embarazo en esta fase, muchas veces se interrumpe ese proceso, se limita el ejercicio de derechos y se amplían las brechas de desigualdad”, expresó.
Un problema multifactorial
Rubio explicó que el embarazo adolescente tiene causas inmediatas, como la violencia sexual, las uniones forzadas o el ejercicio desprotegido de la sexualidad, pero también factores estructurales como la falta de acceso a servicios de salud, educación sexual y condiciones económicas dignas.
“No podemos analizar el embarazo adolescente como un hecho aislado. Está relacionado con la pobreza, con la falta de información científica y oportuna, con la ausencia de servicios accesibles y con contextos de violencia.
“Cuando una adolescente no tiene acceso a métodos anticonceptivos o a educación integral en sexualidad, se incrementa el riesgo”, señaló.
La diputada destacó que en Quintana Roo la tasa específica de fecundidad adolescente es de 39.1 nacimientos por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 años, una cifra que obliga a fortalecer las políticas públicas.
Consecuencias en la salud y el proyecto de vida
La legisladora recordó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son una de las principales causas de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años en el mundo.
“El riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo es hasta dos veces mayor en mujeres de 15 a 19 años que en aquellas mayores de 20. Además, las menores de 15 años enfrentan probabilidades más altas de sufrir eclampsia, anemia o hemorragias. No podemos ignorar estos datos.
“La maternidad temprana suele provocar abandono escolar, limita oportunidades de profesionalización y reduce ingresos futuros. En otras palabras, muchas adolescentes ven truncado su proyecto de vida y quedan en mayor riesgo de permanecer en condiciones de pobreza y exclusión”, dijo.
Agregó que el impacto económico para el estado. En 2018, el embarazo adolescente representó un costo estimado de más de mil 600 millones de pesos para Quintana Roo.
¿QUÉ PROPONE LA REFORMA?
La iniciativa plantea fortalecer la Ley Estatal de Salud para que las políticas públicas no sean solo informativas, sino también preventivas y de promoción activa de la salud sexual y reproductiva.
“Necesitamos garantizar que las y los adolescentes tengan acceso real a información científica, clara y oportuna; a servicios de salud sexual y reproductiva integrales; y a métodos de planificación familiar. No basta con decir que existen, debemos asegurarnos de que estén disponibles y sean accesibles”.
La diputada Jennifer Paulina Rubio Tello explicó que la salud sexual implica bienestar físico, mental y social, y que debe abordarse con un enfoque positivo y respetuoso, libre de violencia y discriminación.
“Hablar de prevención no es promover conductas, es brindar herramientas para que las y los jóvenes puedan tomar decisiones libres, responsables y conscientes sobre su cuerpo y su futuro”, compartió.
La morenista enfatizó que la prevención del embarazo adolescente requiere la participación de distintos sectores: familias, escuelas, autoridades de salud y gobiernos municipales y estatales.
“No se trata únicamente de una responsabilidad del sector salud. Necesitamos coordinación con el sistema educativo, con programas sociales y con políticas que reduzcan la desigualdad de género. Los derechos son integrales: no podemos garantizar salud si no hay educación, ni autonomía si persiste la violencia”, dijo.
