Más allá del fraude y el horror, el caso del crematorio clandestino en Ciudad Juárez destapa una grave crisis de gobernanza. La tragedia de los 383 cuerpos expone una cadena de omisiones y una falta de supervisión por parte de las autoridades que permitieron que el negocio operara durante años.
Ciudad Juárez, Chihuahua.- El macabro hallazgo de 383 cuerpos en el Crematorio Plenitud ha trascendido la esfera criminal para convertirse en un severo cuestionamiento a las autoridades estatales y municipales de Chihuahua. La pregunta que resuena en la opinión pública no es solo cómo pudo un hombre cometer tal atrocidad, sino cómo un sistema de gobierno permitió que ocurriera sin ser detectado durante años.
La investigación revela que el crematorio operaba con un historial de irregularidades que debieron haber encendido todas las alarmas. Este escándalo no es producto de un acto aislado, sino la consecuencia de una aparente falla sistémica en la regulación y supervisión de los servicios funerarios.
El Antecedente Ignorado: La Alerta de 2020
La revelación más damning proviene del propio gremio funerario. Marcelo Ruiz Cantú, representante de la Unión de Funerarios, confirmó que en 2020, durante el pico de la pandemia de COVID-19, ya se había descubierto que el mismo crematorio tenía 63 cuerpos acumulados sin incinerar.
En aquel momento, se suspendió temporalmente su operación, pero eventualmente se le permitió «regularizarse» y continuar prestando servicios. Esta decisión, a la luz del hallazgo actual, se revela como una negligencia catastrófica. ¿Qué tipo de supervisión se implementó después de esa primera alerta? ¿Qué autoridades fueron responsables de verificar que el crematorio cumpliera con las normativas?
«El líder del gremio subrayó que la autoridad es responsable de otorgar los permisos de operación, pero que los actos deben recaer directamente en la empresa», señala un reporte, apuntando a una responsabilidad compartida entre el operador y el regulador.
¿Quién Otorga los Permisos y Quién Supervisa?
La operación de un crematorio requiere permisos de diversas instancias, incluyendo salud, medio ambiente y uso de suelo a nivel municipal y estatal. El hecho de que Plenitud operara durante al menos 25 años, y continuara haciéndolo después del incidente de 2020, sugiere una de dos posibilidades: una supervisión inexistente o una corrupción que permitió hacer la vista gorda.
El fiscal general del estado, César Jáuregui, no descartó que la investigación se extienda a funcionarios que pudieran haber incurrido en omisiones. Este es el punto crucial que transforma el caso en una crisis política. La ciudadanía exige saber qué funcionarios y de qué administraciones (pasadas y presentes) fallaron en su deber de proteger al público de un riesgo sanitario y un fraude masivo.
El escándalo del crematorio no solo pone en el banquillo de los acusados a su dueño, sino también a todo el aparato burocrático encargado de la salud pública y la regulación comercial en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua. La confianza de los ciudadanos en sus instituciones ha sido, como los cuerpos en ese lúgubre lugar, profanada. La exigencia de justicia ahora incluye, necesariamente, una rendición de cuentas política al más alto nivel.
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