A menos de dos meses del inicio de la nueva administración en Tabasco, los rumores de corrupción y los presuntos vínculos con el crimen organizado han ensombrecido los esfuerzos por consolidar la seguridad en el estado.
El gobernador de Tabasco, Javier May, en declaraciones recientes, encendió las alarmas al señalar que el crimen organizado ha echado profundas raíces en el estado. Sus declaraciones no solo reflejan la magnitud del problema, sino que también apuntan a una posible complicidad de administraciones anteriores.
“Nunca vamos a pactar con la delincuencia”: el compromiso de May
En conferencia de prensa, el mandatario tabasqueño dejó claro su rechazo a cualquier intento de pacto con el crimen organizado:
“Aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’. Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada”.
El gobernador también insinuó que funcionarios del pasado, incluidos quienes ocuparon cargos clave durante el gobierno de Adán Augusto López, podrían tener explicaciones pendientes.
Los antecedentes: filtraciones y señalamientos
Las revelaciones de Guacamaya Leaks en 2022 plantearon serias acusaciones contra la administración de Adán Augusto López. Entre ellas, destacaban nombres de altos funcionarios como Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Pública, señalado por tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según estas filtraciones, Bermúdez y otros altos mandos formaban parte de “La Barredora”, un grupo vinculado al crimen organizado. Aunque Adán Augusto negó rotundamente estas acusaciones, las sospechas persisten y han vuelto a cobrar relevancia tras las declaraciones de Javier May.
Corrupción en Segalmex y el “huachicol fiscal”
El caso de Tabasco no es el único que mancha los primeros meses de la nueva administración. Denuncias de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han señalado irregularidades en el manejo de Segalmex, donde presuntos actos de corrupción dejaron “impunes a los peces gordos”.
Además, una red de empresas fantasma en Tlalnepantla, vinculadas al “huachicol fiscal”, operó durante años sin consecuencias significativas. Estos casos reflejan un patrón preocupante de impunidad y falta de acciones concretas para erradicar la corrupción.
Impunidad y favores políticos: un círculo vicioso
La falta de consecuencias para los involucrados en actos de corrupción no solo genera desconfianza en las instituciones, sino que también refuerza la percepción de que el sistema judicial es utilizado como una herramienta política.
El caso de los hermanos Yunes, quienes cambiaron su voto en el Senado para apoyar al oficialismo, ilustra cómo las lealtades políticas pueden «limpiar» expedientes, al menos temporalmente.
¿Qué necesita Tabasco para romper el ciclo?
Ante este panorama, la solución no solo radica en promesas de cero impunidad, sino en acciones concretas que fortalezcan el estado de derecho. Aquí algunas recomendaciones:
- Investigaciones imparciales: Es crucial que los señalados enfrenten procesos judiciales independientes que determinen su responsabilidad.
- Fortalecimiento institucional: Tabasco necesita un sistema judicial robusto que no se doblegue ante presiones políticas.
- Transparencia en el gobierno: Publicar resultados de auditorías y avances en investigaciones ayudará a restaurar la confianza ciudadana.
- Cooperación federal: La colaboración con el gobierno federal y organismos autónomos es esencial para desmantelar redes criminales.
Justicia pendiente
La corrupción y los presuntos nexos con el crimen organizado han ensombrecido los primeros meses del nuevo gobierno en Tabasco. Aunque Javier May ha prometido actuar con firmeza, las acciones hablarán más fuerte que las palabras.
El reto no es menor: devolver la seguridad y la confianza a un estado marcado por años de impunidad. Tabasco tiene la oportunidad de liderar un cambio, pero el tiempo para actuar se agota rápidamente.
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