Este miércoles 7 de mayo, el Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad con 21 votos a favor, una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, con la que se busca combatir los fraudes inmobiliarios y fortalecer la planeación urbana desde una perspectiva de justicia social.
La propuesta impulsada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday, modifica una serie de artículos de la ley vigente, incluyendo estrategias preventivas para los grupos más vulnerables a los fraudes inmobiliarios.
“Este dictamen recoge una historia bastante larga de trabajo institucional, especialmente en el municipio de Benito Juárez durante la administración de la ahora gobernadora Mara Lezama. Fue ahí donde se comenzó a trabajar de manera constante en la regularización de este tipo de zonas”, dijo.
La reforma se articula con modificaciones previamente aprobadas al artículo 269 del Código Penal del Estado, relativas a los delitos en materia de desarrollo urbano, y establece nuevas obligaciones tanto para autoridades estatales como municipales. Entre ellas, la difusión pública de los desarrollos irregulares y no autorizados.
“Estamos facultando a los municipios y al Estado para que publiquen en medios digitales oficiales los desarrollos o asentamientos que se están comercializando de manera ilegal y que puedan constituir un fraude a terceros. Con ello, estamos protegiendo a miles de personas a quienes desde hace muchos años se les ha engañado con este tipo de ventas”, explicó el diputado.
Por otro lado, mencionó que uno de los puntos medulares de la reforma es el nuevo artículo 127, que ordena a las autoridades tomar medidas para prevenir, corregir y sancionar acciones urbanísticas ilegales.
Dicha información deberá estar disponible de forma pública a través de los canales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) y de los municipios.
Incluyen a grupos vulnerables en la política de ordenamiento urbano del estado
Además, el dictamen incorpora la figura de “grupos vulnerables” como principio rector en la política pública en materia de desarrollo urbano, reconociendo que los asentamientos irregulares a menudo surgen de la necesidad urgente de vivienda entre sectores marginados.
“La ley no puede quedarse en lo punitivo. Debe entender las causas humanas detrás de un asentamiento irregular. No solo hablamos de personas de escasos recursos, sino de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por razones estructurales. Es deber del Estado atender y prevenir antes que castigar”, explicó Alday.
Otra modificación relevante es la obligación de emitir y publicar de manera periódica un listado actualizado de desarrollos habitacionales autorizados. Esto permitirá a la ciudadanía contar con información veraz y reducir el riesgo de ser víctima de engaños inmobiliarios.
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