La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe ante la ONU en el que reconoce la gravedad de las desapariciones en México, pero sostiene que, en su mayoría, son obra de la delincuencia organizada y no de una política de Estado. El organismo distingue la situación actual de la «Guerra Sucia» (1951-1990), cuando las desapariciones forzadas eran sistemáticas y promovidas por el gobierno.
Aunque admite la posible colusión de autoridades locales, la CNDH insiste en que no hay un patrón institucional federal detrás de estos crímenes. Además, propone medidas como un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y mayor coordinación entre instituciones.
¿Desapariciones forzadas o crimen organizado? Postura de la CNDH
En su comunicado del 13 de abril, la CNDH señaló que:
- La mayoría de las desapariciones actuales son cometidas por particulares, principalmente grupos delictivos.
- Cuando hay participación de servidores públicos, suele tratarse de autoridades estatales o municipales, no federales.
- No existe una estructura jerárquica que indique que el Estado mexicano las promueve de manera sistemática, como ocurría en la «Guerra Sucia».
«En contraste con el pasado, hoy no hay evidencia de que las desapariciones sean una política de Estado», afirmó el organismo.
Diferencias clave con la «Guerra Sucia»
La CNDH establece una clara distinción entre el México actual y el de la segunda mitad del siglo XX:
| «Guerra Sucia» (1951-1990) | Situación actual |
|---|---|
| Desapariciones ordenadas por el Estado como método de represión. | Desapariciones principalmente ligadas al crimen organizado. |
| Ejército y policías federales involucrados directamente. | Autoridades locales (en algunos casos) coludidas con grupos criminales. |
| Estrategia sistemática contra disidentes políticos. | Falta de coordinación institucional, pero no un plan gubernamental. |
Recomendaciones de la CNDH para enfrentar la crisis
Ante la ONU, el organismo propuso:
- Crear un Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas para centralizar la información.
- Fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda con mejores herramientas forenses y tecnológicas.
- Capacitar y profesionalizar a servidores públicos en procuración de justicia.
- Garantizar acceso a la justicia para familias de víctimas, reduciendo la impunidad.
ONU presiona por acciones más contundentes
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha exigido a México:
- Implementar una política nacional de prevención con metas claras.
- Acelerar la adopción de registros únicos, como lo establece la Ley General en la materia.
- Investigar con mayor rigor la posible participación de autoridades en casos recientes.
«No se puede minimizar el problema. México debe actuar con urgencia», señaló el comité.
¿Negación o realidad?
Mientras la CNDH insiste en que el Estado no es el principal responsable, organizaciones civiles y familias de víctimas denuncian negligencia, omisión y, en algunos casos, complicidad de autoridades.
La diferencia entre «desapariciones forzadas» y «desapariciones cometidas por particulares» no cambia el hecho de que México vive una crisis humanitaria con más de 100,000 personas desaparecidas. La pregunta sigue siendo: ¿Está haciendo el gobierno lo suficiente para detenerla?
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