CNDH exige una disculpa pública y la reparación integral del daño a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras acreditar violaciones graves a los derechos humanos por la muerte de dos niñas en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que elementos del Ejército mexicano incurrieron en uso ilegítimo de la fuerza, lo que derivó en la pérdida de la vida de menores de edad y lesiones a otras personas, en un caso que marca un precedente dentro de la actual administración federal.

CNDH exige responsabilidades tras una investigación exhaustiva

La CNDH exige estas medidas luego de emitir la Recomendación 201VG/2025, en la que documenta que el 6 de mayo de 2025, en el poblado de La Cieneguilla, dos niñas identificadas como Leidy, de 11 años, y Alexa, de 7 años, fueron privadas de la vida por disparos realizados por personal militar adscrito al 42 Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil.

De acuerdo con el organismo, durante el operativo los elementos del Ejército interceptaron una camioneta en la que viajaban civiles, incluidos menores de edad. A pesar de que los ocupantes manifestaron que no portaban armas y que viajaban con niñas y niños, los militares accionaron sus armas de fuego, provocando además lesiones a otros dos menores y a dos adultos.

Uso ilegítimo de la fuerza y violaciones graves a derechos humanos

En su resolución, la CNDH exige que se reconozca que los elementos castrenses no privilegiaron medidas para salvaguardar la vida ni la integridad de las personas. La Comisión concluyó que el personal militar actuó de manera desproporcionada, sin verificar el origen de los disparos que aseguraron haber escuchado y sin confirmar que provinieran del vehículo interceptado.

La investigación permitió acreditar violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica y al interés superior de la niñez, además del derecho a la protección de la familia. Estos hallazgos llevaron al organismo a calificar los hechos como consecuencia directa del uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego.

Disculpa pública y reparación integral del daño

Como parte de la recomendación, la CNDH exige a la Sedena ofrecer una disculpa institucional pública, en la que se reconozcan los hechos y se acepte la responsabilidad por las violaciones graves cometidas. Asimismo, ordena la reparación integral del daño, que deberá contemplar medidas de compensación, atención psicológica y garantías de no repetición para las víctimas indirectas.

La Comisión subrayó que esta reparación no debe limitarse a un acto simbólico, sino que debe incluir acciones concretas que restituyan, en la medida de lo posible, los derechos vulnerados y atiendan el impacto emocional y social generado en las familias afectadas.

Un precedente en la actual administración

Este caso representa la primera recomendación de este tipo emitida por la CNDH durante la presente administración federal, lo que refuerza su relevancia en el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El organismo insistió en la necesidad de que el uso de la fuerza por parte del Ejército se rija estrictamente por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.

La recomendación también plantea la urgencia de fortalecer los mecanismos de control, supervisión y capacitación de las fuerzas militares cuando participan en operativos con población civil, especialmente en zonas donde habitan comunidades vulnerables.

Reacciones de organizaciones de derechos humanos

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó los hechos como una “ejecución arbitraria”, y cuestionó que en un inicio las autoridades informaran que se trató de un enfrentamiento. La organización señaló que este tipo de narrativas contribuyen a la impunidad y revictimizan a las familias, por lo que consideró fundamental que la Sedena acepte plenamente la recomendación de la CNDH.

Diversos colectivos han señalado que este caso evidencia los riesgos de la militarización de la seguridad pública y la necesidad de garantizar que las investigaciones sean transparentes, imparciales y con enfoque en derechos humanos.

Un llamado a la justicia y a la no repetición

La CNDH exige que este caso no quede en la impunidad y que se convierta en un punto de inflexión para evitar que hechos similares se repitan. La muerte de Leidy y Alexa ha generado indignación y reabierto el debate nacional sobre los límites del uso de la fuerza militar.

Garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas, concluyó la Comisión, es indispensable para restablecer la confianza ciudadana y reafirmar que la protección de la niñez y de los derechos humanos debe estar por encima de cualquier operativo de seguridad.