La violencia digital es uno de los temas más urgentes en la lucha por la igualdad de género, especialmente en un contexto donde el avance tecnológico ha abierto nuevas puertas a la victimización de mujeres y niñas. El caso de Diego N., exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), acusado de crear contenido sexual con inteligencia artificial utilizando imágenes reales de sus compañeras, ha generado una controversia que no ha pasado desapercibida. La reciente absolución de este individuo ha sacado a la luz la crítica de muchas voces, incluida la de Citlalli Hernández, secretaria de Las Mujeres, quien no dudó en condenar la decisión del juez Francisco Salazar, calificando la sentencia como un claro ejemplo de la falta de perspectiva de género en la justicia mexicana.
El caso Diego N. y la falta de perspectiva de género
Diego N. fue acusado de utilizar inteligencia artificial para crear contenido sexual a partir de las imágenes de compañeras suyas en el IPN, violando su intimidad y derechos. Este caso resalta una de las formas más graves de violencia digital que afecta a muchas mujeres en México, pero lo que ha indignado aún más a los colectivos feministas y a las autoridades es la absolución dictada por el juez Francisco Salazar. Según el juez, no existía un tipo penal específico que se aplicara a este caso, lo que abrió el debate sobre las lagunas legales que existen en la legislación mexicana respecto a la violencia digital y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial.
Sin embargo, para Citlalli Hernández y otros defensores de los derechos de las mujeres, lo que faltó en este juicio no fue solo una legislación clara, sino una verdadera aplicación de la perspectiva de género, que debería ser la base en la que se sustenten las decisiones judiciales en casos de violencia contra mujeres. La secretaria de Las Mujeres, junto a la activista Olimpia Coral Melo, quien ha sido clave en la creación de la Ley Olimpia, expresó su preocupación por la absolución de Diego N. y subrayó que en este tipo de casos, el enfoque debe ser más holístico y menos técnico.
La Ley Olimpia y su aplicación
La Ley Olimpia, creada para sancionar la violencia digital y proteger a las víctimas de contenido sexual no consensuado, ha sido un avance crucial en la defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, el caso de Diego N. evidencia que aún persisten vacíos legales y una falta de implementación adecuada de esta ley. La Ley Olimpia se ha implementado en muchos estados de México, pero en este caso, la defensa de Diego N. argumentó que no existía un marco legal que pudiera encuadrar sus acciones dentro de los delitos de violencia digital.
Ante esta situación, Citlalli Hernández señaló que es necesario revisar la ley, pero también advirtió que la verdadera falla está en la interpretación y aplicación de la perspectiva de género en el sistema judicial. Según la funcionaria, el juez debería haber considerado las circunstancias y el impacto psicológico que este tipo de violencia digital tiene sobre las víctimas, en lugar de centrarse únicamente en el aspecto técnico del caso.
El diálogo con el tribunal superior de justicia
Hernández también ha sido clara sobre los pasos a seguir. La secretaria ha afirmado que se reunirá con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para analizar no solo el caso de Diego N., sino también otros similares que podrían estar siendo desestimados por la misma falta de perspectiva de género. La función de los jueces y magistrados, según Citlalli Hernández, no es solo aplicar la ley, sino hacerlo de manera que protejan a las mujeres y garanticen su acceso a la justicia de manera equitativa.
La reunión con el presidente del Tribunal busca, entre otras cosas, sentar un precedente sobre cómo deben abordarse los casos de violencia digital en el futuro, con un enfoque que no solo considere las pruebas legales, sino también los efectos sobre las víctimas y la importancia de la justicia social.
La importancia de la participación ciudadana
Este caso también ha puesto en evidencia la importancia de la participación ciudadana y la acción colectiva en la lucha contra la violencia digital. Las redes sociales y los medios de comunicación han sido fundamentales para dar visibilidad a los casos de violencia digital, como el de Diego N., y presionar a las autoridades para que tomen medidas más firmes. Es por ello que Citlalli Hernández y Olimpia Coral Melo continúan trabajando para que más mujeres se sientan respaldadas al denunciar este tipo de agresiones.
¿Qué sigue para las víctimas de violencia digital?
Para las víctimas de violencia digital, el camino hacia la justicia sigue siendo largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, la movilización de organizaciones como la Secretaría de Las Mujeres y el acompañamiento de activistas como Olimpia Coral Melo siguen siendo esenciales. En el futuro, se espera que la Ley Olimpia se fortalezca y que se promuevan reformas legales que garanticen una respuesta más eficaz ante los casos de violencia digital, adaptados a las nuevas tecnologías y realidades.
La larga lucha por la justicia para las mujeres
La lucha contra la violencia digital está lejos de ser un capítulo cerrado. Casos como el de Diego N. muestran que aún queda mucho trabajo por hacer, tanto en la legislación como en la formación de jueces y autoridades para aplicar adecuadamente la perspectiva de género en todos los casos. Citlalli Hernández y otras defensoras de los derechos de las mujeres seguirán trabajando para asegurar que las víctimas de violencia digital reciban la protección y justicia que merecen, y para que en el futuro no se repitan decisiones judiciales que desatiendan la gravedad de este tipo de delitos.
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