Mientras la violencia real golpea las calles de Jalisco, el Congreso estatal avanza en una controvertida reforma de ley: prohibir la difusión de música que haga apología del delito en eventos públicos. La medida ha encendido un intenso debate sobre la libertad de expresión frente a la seguridad pública.
En un estado marcado por crudos episodios de violencia, como el reciente feminicidio de Carla en Guadalajara, el Congreso de Jalisco ha decidido abrir un nuevo frente de batalla, uno que se libra en el terreno de la cultura y la música. Una iniciativa de ley que busca prohibir la difusión de contenidos musicales que hagan apología del delito en eventos públicos está avanzando en comisiones, generando una profunda polarización.
La propuesta, que implica una reforma al Artículo 37 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿Es esta una herramienta legítima para prevenir la violencia o un peligroso paso hacia la censura?
El argumento de la «prevención»
La principal impulsora de la reforma, la diputada Itzul Barrera, ha defendido la medida como un acto de responsabilidad y prevención. Según Barrera, el objetivo no es censurar los gustos personales ni lo que la gente escucha en privado, sino evitar que los gobiernos municipales utilicen recursos públicos para promover eventos masivos —como ferias, conciertos o festivales— donde se presente música que tenga un «efecto nocivo en la percepción social de la violencia».
El argumento central es que el Estado no debe ser cómplice en la normalización de narrativas que exaltan figuras del crimen organizado, el consumo de drogas, el uso de armas o la violencia contra las mujeres. La iniciativa busca, en teoría, que los espacios públicos financiados por los contribuyentes sean entornos seguros y constructivos, que fomenten la cultura y el respeto, no la glorificación del delito.
El fantasma de la censura y la libertad de expresión
Del otro lado del debate se encuentra el pilar de la libertad de expresión, un derecho fundamental consagrado en tratados internacionales de los que México es parte. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, por ejemplo, establece que la censura previa sobre cualquier expresión artística debe estar prohibida por la ley.
Críticos de este tipo de medidas argumentan que:
- Es una solución superficial: Prohibir un género musical no ataca las causas de raíz de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción y la impunidad.
- Abre una puerta peligrosa: ¿Quién decide qué es «apología del delito»? La ambigüedad del término podría ser utilizada para censurar expresiones artísticas críticas o disidentes bajo criterios subjetivos.
- Genera un efecto contraproducente: La prohibición a menudo genera un mayor interés en el contenido censurado, especialmente entre los jóvenes.
Este tipo de legislación no es nueva en México. En estados como Chihuahua, artistas de la talla de Julión Álvarez y Alfredo Olivas han enfrentado multas millonarias por interpretar narcocorridos durante sus conciertos, evidenciando la tensión constante entre las autoridades y los creadores.
«Se trata de establecer la responsabilidad pública para que los gobiernos no promuevan actividades que tengan un efecto nocivo en la percepción social de la violencia», ha insistido la diputada Itzul Barrera, tratando de disipar los temores de censura.
¿Música prohibida o seguridad fallida?
La gran contradicción que esta iniciativa expone es su contraste con la realidad violenta del estado. Mientras los legisladores debaten sobre las letras de las canciones, crímenes como el feminicidio de Carla con un fusil de asalto ocurren en las calles.
Esto lleva a la ciudadanía a cuestionar las prioridades de sus gobernantes. ¿Es más fácil regular un concierto que desmantelar una célula criminal? ¿Es la prohibición de corridos una estrategia de seguridad genuina o un acto performativo para aparentar que «se está haciendo algo»?
La discusión en Jalisco está lejos de terminar. Si la reforma es aprobada por el pleno del Congreso, la responsabilidad de su aplicación recaerá en cada uno de los 125 municipios, que deberán establecer sus propios mecanismos regulatorios. El debate sobre dónde termina la prevención y dónde empieza la censura apenas comienza.
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