El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), ha iniciado una ofensiva legal y operativa para prohibir los servicios de transporte de pasajeros en motocicleta ofrecidos por aplicaciones como Uber y DiDi, argumentando que operan en la ilegalidad y representan un grave riesgo para la seguridad.
El servicio de mototaxi por aplicación en la Ciudad de México tiene los días contados. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) anunció que tomará medidas legales y reforzará los operativos en calle para erradicar esta modalidad de transporte, al considerar que opera sin la autorización requerida por la ley y pone en peligro la integridad de los usuarios.
La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial. Según datos oficiales, en solo tres meses de 2025 se han registrado más de 7,500 accidentes de motocicleta en la capital, con un saldo de más de 4,000 heridos y 54 personas fallecidas. Un incidente fatal en marzo, donde una usuaria de Uber Moto perdió la vida, fue un punto de inflexión para las autoridades.
La postura de la autoridad: «Operan en la ilegalidad»
La SEMOVI ha sido enfática en su postura: las empresas como Uber y DiDi no cuentan con un permiso válido para ofrecer el servicio de transporte de personas en motocicleta en la Ciudad de México.
“Hacemos un atento llamado a la ciudadanía a no hacer uso de este tipo de servicio de transporte que se encuentra en la ilegalidad y que podría poner en riesgo su integridad física” – Comunicado Oficial de la SEMOVI.
La dependencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), intensificará las verificaciones para asegurar que los motociclistas cumplan con el reglamento de tránsito, lo que incluye:
- Uso de cascos certificados.
- Portar la licencia tipo A1 o A2, específica para motociclistas.
- No transportar a menores de 12 años.
- No exceder el límite de dos personas por unidad.
La batalla legal y los riesgos para el usuario
Aunque la SEMOVI avanza con su estrategia, la situación legal no está completamente resuelta. Uber obtuvo un amparo en abril de 2025 que le permitía operar bajo ciertas condiciones, pero el gobierno de la ciudad impugnó la decisión ante un tribunal superior. La batalla en los juzgados continúa, pero en la práctica, las empresas no tienen una autorización formal para operar.
Las autoridades advierten que los usuarios de estos servicios se exponen a riesgos significativos, ya que al no estar regulados, no existen protocolos de seguridad claros, cobertura de seguros adecuada en caso de accidente, ni un registro confiable de conductores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado el aumento de accidentes de moto como un «problema de salud pública», una visión que la SEMOVI ha adoptado para justificar estas medidas drásticas.
La prohibición busca reducir la siniestralidad y forma parte del Plan Integral de Seguridad Vial (PISVI), que tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad para todos los actores de la vía pública en la capital del país.
