El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió una resolución en la que señala que el Tren Maya provocó violaciones graves a los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas de la región.
En el documento, los jueces califican los impactos como crímenes de ecocidio y etnocidio y responsabilizan al Estado mexicano por las afectaciones ambientales, sociales y culturales.
La resolución se basa en los hallazgos de una misión de observación realizada entre abril y marzo en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Según el Tribunal, los daños registrados incluyen deforestación masiva, pérdida de conectividad ecológica, contaminación del agua y destrucción de sistemas de cuevas.
En el tramo 5, se documentó el uso de maquinaria pesada y la perforación del terreno con pilotes de más de 40 metros de profundidad, lo que ocasionó daños irreversibles en el subsuelo. El Tribunal también destacó la militarización de los territorios indígenas como un factor que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades y obstaculiza el acceso a la justicia.
“La presencia de las fuerzas armadas acompaña los procesos de despojo de tierras y agrava la condición de las comunidades”, se lee en el documento.
Un modelo de desarrollo que fragmenta el territorio
De acuerdo con la resolución, el Tren Maya no sólo implica la construcción de una vía férrea, sino un modelo de desarrollo que impulsa la expansión de infraestructura turística, energética y urbana en toda la península.
El Tribunal advierte que esta transformación podría generar un aumento del 64% en las zonas agrícolas, 37% en las pecuarias y 24% en las urbanas, lo que provocaría una reducción del 20% de los ecosistemas naturales para el año 2050.
Los jueces reiteraron que los impactos ambientales van acompañados de la pérdida del patrimonio cultural y espiritual del pueblo maya, cuya identidad está estrechamente ligada a los cenotes, selvas y tierras comunales.
Las megagranjas y la crisis del agua
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturalezatambién señaló a las megagranjas porcícolas de Yucatán como contaminantes y alertó sobre los efectos que tienen en el medio ambiente y en la salud de las comunidades. Señalócomo consecuencias inmediatas la contaminación del Anillo de Cenotes, la deforestación de amplias zonas de selva y la presencia de bacterias como E. coli en pozos y manantiales.
La resolución también menciona que estas actividades vulneran derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, como el derecho al agua limpia, al aire puro, a la salud integral y a la restauración de los ecosistemas afectados.
Además, advierte que especies en riesgo, como el jaguar, el mono araña y los peces ciegos de los cenotes, enfrentan un peligro creciente por la contaminación y el cambio de uso de suelo.
El Tribunal Internacional ratificó su sentencia emitida en 2023 durante la sesión de Valladolid y pidió al Estado mexicano la suspensión inmediata del Tren Maya, la desmilitarización de los territorios indígenas y la reparación de los ecosistemas afectados.
En cuanto a las granjas industriales, exigió una moratoria a nuevas licencias, el desmantelamiento de las instalaciones dentro del Anillo de Cenotes y controles permanentes sobre descargas cloacales y uso de antibióticos.
Finalmente, el Tribunal ordenó que su resolución y la sentencia de Valladolid sean enviadas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, con el fin de garantizar medidas concretas de reparación y protección ambiental en la península.
¿QUÉ ALCANCE TIENE EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS NATURALES?
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fue creado en 2014 por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) como un espacio ciudadano que busca denunciar violaciones ambientales y promover el reconocimiento legal de la Tierra como sujeto de derechos.
Inspirado en tribunales internacionales de derechos humanos, este órgano no es vinculante, pero sí ejerce una fuerte presión ética y social al visibilizar casos donde gobiernos o empresas avalan proyectos que dañan gravemente los ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos.
El objetivo de este tribunal es dar voz a la naturaleza, fortalecer la justicia ambiental y promover cambios en las leyes y políticas públicas para proteger los ecosistemas frente a la explotación indiscriminada.
Desde su creación, ha celebrado sesiones en países como Ecuador, Perú, Francia, Alemania y Escocia, donde se han presentado casos emblemáticos como la deforestación del Amazonas, la contaminación petrolera o el deterioro de la Gran Barrera de Coral. En algunos casos, sus resoluciones han contribuido a detener temporalmente obras de alto impacto ambiental.
UN RECUENTO BREVE DE LA SENTENCIA
- El Tribunal declara culpable al Estado mexicano por violar los Derechos de la Naturaleza.
- Señala que el Tren Maya y las mega-granjas porcícolas causan daños severos e irreversibles al medio ambiente.
- Reconoce que el acuífero, los cenotes y la selva maya son sujetos de derechos que han sido vulnerados.
- Señala falta de consulta libre, previa e informada a los pueblos mayas.
- Ambos proyectos atentan contra los derechos colectivos y culturales de las comunidades indígenas.
- Exige detener inmediatamente las actividades que agraven los daños ambientales.
- Ordena restaurar los ecosistemas y garantizar la reparación integral a las comunidades afectadas.
- Recomienda revocar permisos y concesiones otorgados sin evaluación ambiental.
- Pide investigar responsabilidades de autoridades y empresas involucradas.
- Insta al Estado mexicano a reconocer jurídicamente a la naturaleza como sujeto de derechos.
- Sugiere crear un mecanismo internacional de seguimiento para vigilar el cumplimiento de la sentencia.
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