La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal contra el extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), actual Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, por presuntas irregularidades detectadas durante la gestión de la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces.
Según el documento “Denuncias Penales Presentadas por la ASF. Cuentas Públicas 1998-2022, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros”, con corte al 30 de septiembre de 2025, la denuncia fue interpuesta el 10 de junio de 2025 y se deriva de la auditoría número 92 de la Cuenta Pública 2021.
Irregularidades detectadas en fondos y contratos del Conacyt
El dictamen de la ASF, emitido en octubre de 2022, evaluó la gestión financiera del Conacyt y el proceso de extinción de sus fondos institucionales. Aunque reconoció un cumplimiento general con la ley, detectó anomalías en el uso de recursos públicos y en contratos vinculados al Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT-PRONACES).
Entre los principales hallazgos destacan:
- Compromiso de recursos por 97.6 millones de pesos fuera del plazo legal.
- Falta de evidencia documental sobre la entrega de resultados en contratos por 35.1 millones de pesos.
- Deficiencias en la contratación de servicios administrativos y técnicos, incluyendo: Ausencia de al menos dos fuentes en la investigación de mercado, requisitos que limitaron la libre competencia, pagos fijos sin criterios de cálculo claros y anticipo de 22.5 millones de pesos sin comprobación de los servicios prestados.
Exdirectora rechaza las acusaciones
Ante la denuncia, María Elena Álvarez-Buylla respondió a través de su cuenta en X, donde calificó las acusaciones como “falsas” y defendió la actuación del extinto Conacyt.
“La Auditoría Superior de la Federación realiza una importante labor de fiscalización del gasto público. La noticia sobre malos manejos en el ‘extinto Conacyt’ durante mi gestión como DG es falsa”, expresó.
La científica aseguró que la extinción de los fideicomisos se realizó de manera “exitosa, eficiente y con apego a la normativa”, además de fortalecer la transparencia y la buena administración de los recursos públicos.
Explicó que las observaciones de la ASF se relacionan con un contrato específico de servicios, donde no se hallaron constancias de entregables, lo que derivó en renuncias internas y procedimientos administrativos.
Hasta el momento, la ASF no ha informado sobre el avance de la denuncia penal, ni sobre posibles responsabilidades derivadas de las irregularidades.
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