La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará un proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García que propone limitar las facultades de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, debido a que se considera que algunas de sus atribuciones permiten una vigilancia excesiva sobre los ciudadanos mediante la “geolocalización desmedida”.
El caso llega a la Corte luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó varios artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, publicada el 10 de enero de 2025 por la gobernadora Mara Lezama. Esta norma fue aprobada por el Congreso local y otorga a la Fiscalía la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas y rastrear en tiempo real la ubicación de personas.
La CNDH argumenta que estas disposiciones vulneran derechos fundamentales, especialmente el de la privacidad, pues permiten acciones de vigilancia sin límites claros ni supervisión judicial suficiente. En su impugnación aclaró que su objetivo no es debilitar las instituciones, sino garantizar que las leyes respeten la Constitución y los derechos humanos.
En su análisis, el ministro Guerrero García propone que la Fiscalía sí puede solicitar la intervención de comunicaciones, pero que esta facultad no debe delegarse a funcionarios de menor rango. También plantea que la geolocalización solo debería aplicarse en casos de delitos graves o cuando exista una urgencia justificada, ya que usarla en delitos menores sería una invasión injustificada a la vida privada.
El proyecto también señala que el Congreso de Quintana Roo se excedió en sus atribuciones al incluir en la ley temas que son competencia exclusiva del Congreso de la Unión, como los medios de apremio en materia penal. Además, considera inválido el régimen de faltas administrativas, ya que no define con claridad qué se considera una falta grave ni quién debe resolverlas.
La propuesta del ministro busca invalidar varios artículos de la Ley local para imponer límites más estrictos a las facultades de investigación y vigilancia de la Fiscalía Anticorrupción. De ser aprobada, la resolución requerirá al menos seis votos a favor de los ministros de la Corte.
