La polémica Reforma Judicial de México ha trascendido las fronteras, colocándose bajo el escrutinio de organismos internacionales que advierten sobre violaciones a tratados, riesgos de cooptación por el crimen organizado y un grave debilitamiento de la democracia.
El debate sobre la transformación del Poder Judicial en México ha dejado de ser un asunto exclusivamente doméstico para convertirse en un foco de preocupación internacional. La medida central de la reforma —la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte mediante el voto popular— ha encendido las alarmas en múltiples foros globales, donde expertos y relatores especiales cuestionan su compatibilidad con los principios de un Estado de derecho.
La reforma, impulsada por el gobierno como una herramienta para erradicar una supuesta corrupción endémica en el sistema de justicia , es vista desde el exterior como un experimento peligroso y sin precedentes que podría socavar la independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia.
Las Voces de Alerta Internacional
Diversos organismos y especialistas han manifestado su profunda preocupación, argumentando que la reforma choca frontalmente con compromisos internacionales adquiridos por México.
* Violación de Tratados: La profesora Azul Aguiar, del ITESO, ha sido categórica al señalar que la reforma «definitivamente viola normas específicas de tratados internacionales y convenciones de las que México es parte», incluyendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Estos tratados garantizan una justicia independiente, un principio que, según los críticos, se anula al politizar la elección de los juzgadores.
* Riesgo de Infiltración del Crimen Organizado: Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, ha lanzado una de las advertencias más severas. Satterthwaite considera que, si bien la corrupción judicial ya es un problema, la elección popular de jueces podría facilitar que la justicia sea «más fácilmente infiltrada por el crimen organizado» que otros métodos de selección.
* Pérdida de la División de Poderes: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido un foro clave para estas denuncias. Organizaciones de la sociedad civil y juzgadores han argumentado ante la comisión que el proceso electoral para los cargos judiciales llevó a una «captura del Poder Judicial por parte del oficialista partido Morena», lo que en la práctica elimina la división de poderes en el país.
«Con la elección popular de jueces, México se ha lanzado al abismo, y eso es algo que va a tener una gran fiscalización por parte de organismos internacionales.» – Úrsula Indacochea, abogada y experta en debido proceso.
Un Litigio Internacional Anunciado
La controversia no se quedará en simples declaraciones. Expertos legales anticipan que la destitución masiva de los actuales jueces y magistrados para ser reemplazados por los elegidos en las urnas podría derivar en condenas contra el Estado mexicano en cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas condenas podrían incluir no solo indemnizaciones millonarias, sino también la orden de modificar el marco normativo interno.
La postura del gobierno mexicano ha sido la de desestimar estas preocupaciones, enmarcando la reforma como un ejercicio de soberanía y una demanda popular. Sin embargo, la creciente presión internacional plantea un dilema fundamental: seguir adelante con una reforma doméstica a costa de la credibilidad y el cumplimiento de las normas democráticas globales, o atender las advertencias y reconsiderar un modelo que, según sus críticos, pone en jaque el futuro de la justicia en México.
La reforma se ha convertido así en un termómetro del compromiso de México con el orden jurídico internacional y los contrapesos democráticos, un examen que el mundo observa con atención.
